La Asamblea General está considerando un proyecto de ley para enmendar la constitución estatal para otorgar a todos los ciudadanos de Connecticut el derecho legal a un medio ambiente sano.
No es la primera vez que la enmienda propuesta llega a la legislación de Connecticut. La misma fue presentada por primera vez en 2023, por la representante estatal Mary Mushinsky, y se propuso nuevamente en la pasada sesión. Sin embargo, modificar la constitución es un proceso complejo que a menudo requiere múltiples sesiones legislativas.
Mushinsky, representante demócrata del distrito de Wallingford, dijo que la enmienda permitiría a los ciudadanos iniciar acciones legales contra el gobierno si éste no actuara respecto a un problema medioambiental.
“Una vez recogido en la Constitución como derecho básico, entonces los ciudadanos podrían unirse y decir que su derecho a un medio ambiente limpio y sano no está siendo protegido”, dijo Mushinsky, quien copatrocinó la resolución del Senado de este año en el Comité de Administración Gubernamental y Elecciones.
La medida otorgaría a los ciudadanos protección para tener “aire, agua, suelo, ecosistemas y un medio ambiente limpio y sano, y un clima seguro y estable”, y, según afirman los grupos defensores, llega en un momento crucial.
El estado de Connecticut dispone de varias políticas orientadas a proteger el medio ambiente, el agua y el aire. No obstante, los defensores afirman que una enmienda que permita a los ciudadanos iniciar acciones legales más firmes podría lograr que se dé mayor énfasis a la prevención de impactos ambientales negativos.
"No es posible concebir y abordar todos y cada uno de los posibles escenarios a lo largo del tiempo y de toda la geografía de Connecticut. Por eso, los buenos funcionarios de gobierno ven esto como una herramienta que el pueblo puede utilizar”, dijo Maya van Rossum, fundadora del Movimiento Enmiendas Verdes para las Generaciones, que ayuda a otros estados a abogar por este tipo de iniciativas.
La enmienda sería oportuna, dicen los defensores, pero le espera un largo camino legislativo
La presión también surge en un momento en que la administración Trump ha reducido drásticamente el apoyo federal para los programas de justicia ambiental y ha realizado recortes significativos en la Agencia de Protección Ambiental. Los defensores explican que las consecuencias a las que daría lugar se reflejarían en la ejecución de las leyes y la remediación en estados como Connecticut.
“Nos encontramos en un momento histórico peligroso”, señaló van Rossum. “Nosotros, el pueblo, tenemos que unirnos mediante el activismo para exigir, defender y, a través de la acción, buscar y asegurar las protecciones ambientales esenciales y fundamentales a las que todos tenemos derecho”.
“Hoy, más que nunca, es importante que contemos con las protecciones más fuertes posibles para nuestro medio ambiente”, afirmó el representante estatal Matt Blumenthal, copresidente demócrata del Comité de Administración Gubernamental y Elecciones.
La propuesta aún no se ha sometido a votación en el comité.
Más de 280 personas presentaron por escrito testimonio público para apoyar la iniciativa. Al menos 40 personas se opusieron, y algunas expresaron su preocupación de que esto abriría la puerta a demandas frívolas, como demandar a un vecino.
No obstante, van Rossum explicó que esta enmienda no permite ese tipo de acción, y los tres estados que tienen enmiendas verdes no han tenido ningún litigio desestimado por frívolo.
“En promedio, el número de demandas que llegan a los tribunales es de 10 o menos al año”, destacó van Rossum. “Eso no es mucho, si tenemos en cuenta el universo de acciones y actividades que se están realizando en el ámbito medioambiental”.
Si la idea llegara a salir del comité y los legisladores la sometieran a votación, la medida necesitará obtener el 75 % de los votos en cada cámara en un año o la mayoría simple en dos asambleas generales sucesivas. Luego requiere la aprobación de los votantes durante unas elecciones generales.
Los estados de Nueva York, Montana y Pensilvania tienen enmiendas verdes
El estado de Nueva York, vecino de Connecticut, fue el último en adoptar una “enmienda verde” en 2021, con un 70% de votos a favor de los más de 3 millones de habitantes del estado.
Los otros dos estados, Montana y Pensilvania, adoptaron este derecho constitucional a principios de la década de 1970, lo cual dio lugar a varios fallos judiciales en torno a los efectos ambientales del fracking, la contaminación y otros.
Un caso basado en este derecho constitucional se presentó recientemente ante los tribunales en Montana. Según un reportaje de Montana Public Radio publicado en diciembre, el Tribunal Supremo del estado falló a favor de los jóvenes demandantes y determinó que las agencias de Montana deben tener en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto climático que cualquier proyecto de desarrollo propuesto podría tener en el estado.
La resolución de Connecticut establece que el lenguaje de la enmienda propuesta pediría a los votantes de Connecticut votar "sí" o "no" en la pregunta de referéndum para:
- Conceder a cada ciudadano un derecho individual y exigible a tener aire, agua, suelo, ecosistemas y medio ambiente limpios y sanos, así como un clima seguro y estable por el bien de la salud pública, la seguridad y el bienestar general, que sea equivalente a todos los demás derechos inalienables.
- Imponer ciertas obligaciones al Estado, incluyendo el requisito de conservar, administrar, proteger y mantener sus recursos naturales.
- Prohibir el desvío de los fondos destinados a la protección de dichos recursos.
Si se aprobara, lo más pronto que podría aparecer en las papeletas electorales sería para noviembre de 2026.
