Los defensores de la vivienda en Connecticut han instado a los legisladores del estado a que amplíen una ley que protege a los residentes contra los desalojos sin culpa.
La ley de desalojo por “Causa Justa” ofrece protecciones contra los desalojos sin fundamento para residentes con discapacidades o de 62 años de edad en adelante que viven en una estructura de cinco unidades de vivienda o más.
Si estos inquilinos cumplen las normas, no se les puede desalojar sin un motivo legal. Los defensores sostienen que la ley debe ampliarse para incluir, como mínimo, a todos los inquilinos que residan en estructuras de cinco unidades o más, sin distinción de edad o discapacidad.
Sarah White, abogada del Centro de Vivienda Justa de Connecticut, señala que los desalojos sin culpa han desplazado a muchos arrendatarios en Connecticut.
“Se utilizan frecuentemente contra los inquilinos de color para obligarlos a irse”, White explicó. “A veces este tipo de desalojo también se usa a modo de represalia contra inquilinos que han solicitado reparaciones o denunciado condiciones poco seguras ante las autoridades locales”.
White añadió que quienes pagan arrendamiento mes a mes sienten una presión adicional ya que el arrendador puede expulsar al inquilino en cualquier momento.
“Un arrendador puede pedirte que te mudes e iniciar un proceso de desalojo si no lo haces, sin motivo alguno, aunque estés pagando el alquiler a tiempo y hayas sido un gran inquilino”, White comentó. “Hay casos en que los propietarios llegan y compran edificios completos, y luego les dan a todos una orden de desalojo sin culpa para poder gentrificar la propiedad y traer inquilinos que quizá puedan pagar un alquiler más alto”.
Según White, si se permite que los arrendadores ejecuten desalojos sin motivo, esto podría dar paso a que los propietarios con prejuicios puedan expulsar legalmente a residentes de color, ya que es difícil demostrar que se dio por prejuicio.
La legislación vigente en materia de desalojo no permite que los arrendadores desalojen a los inquilinos poco tiempo después de estos haber denunciado condiciones inhabitables, algo que White indicó que muy pocos inquilinos conocen.
“En Connecticut tenemos una ley que crea cierta presunción de represalias si no han transcurrido seis meses desde que alguien solicita reparaciones o acude a las autoridades locales para solicitarlas, o toma cualquier otra acción para proteger sus derechos”, destacó White.
Los desalojos sin culpa en Connecticut han ascendido a casi un 11% del total de desalojos en el estado. Antes del comienzo de la pandemia de COVID-19 en 2020, los desalojos sin culpa conformaban un 9% del total anual de desalojos.
En 2022, se propuso un proyecto de ley que hubiese extendido las protecciones de la ley de “Causa Justa” a todos los residentes de edificios grandes de apartamentos, pero este no se aprobó.
Ampliar la ley ayudaría a muchos inquilinos a sentirse más seguros en su propia defensa, según afirma Amanda Watts, vicepresidenta de un sindicato de inquilinos de New Haven.
“Es simplemente algo concreto que puedo mostrar a mis vecinos. En mi comunidad, si alguien intenta meterse contigo por una orden de desalojo y no hay motivo para ello, cuentas con protección”, aseguró Watts.
