Esta investigación se publicó originalmente el 13 de noviembre 2025.
Esta semana, los legisladores de Connecticut aprobaron medidas para ampliar las protecciones a los migrantes en los tribunales estatales mediante una legislación que limita los arrestos migratorios cerca de las instalaciones de tribunales.
Un proyecto de ley aprobado el jueves por el Senado prohíbe la mayoría de los arrestos migratorios civiles en las instalaciones de tribunales sin una orden judicial firmada. Además, impedir que los oficiales de la fuerza del orden lleven mascarillas en los tribunales sin necesidad médica.
La medida, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, ahora espera la firma del gobernador demócrata Ned Lamont.
La legislatura adoptó las restricciones clave como parte de un proyecto de ley de amplio alcance que se presentó durante una sesión legislativa especial de dos días. Otra disposición relacionada con la inmigración es la limitación de la información personal que el estado puede compartir con las autoridades federales, como la dirección de domicilio o trabajo de una persona, y la fecha y hora de las audiencias o procedimientos con una agencia pública.
Carolina Bortolleto, miembro del colectivo de defensa Danbury Unites for Immigrants, dijo sentirse contenta por la decesión de los legisladores.
“Estas son algunas de las demandas por las que hemos estado luchando durante meses”, afirmó Bortolleto. “En Danbury, vemos personas que tiene miedo de ir al hospital, de enviar a sus hijos a la escuela, y sobre todo, de ir al tribunal”.
Danbury Unites for Immigrants fue una de las 92 organizaciones de defensa que, en septiembre, instaron a los legisladores a adoptar nuevas protecciones para los inmigrantes en una carta dirigida a Lamont y a los líderes legislativos.
La carta denuncia que “agentes armados y enmascarados de ICE están aterrorizando a nuestras comunidades — secuestrando a padres delante de sus hijos, atacando a trabajadores y arrebatando a estudiantes de sus futuros”. “Instamos a nuestros funcionarios electos de Connecticut a que nos apoyen priorizando las protecciones para los inmigrantes”.
El proyecto de ley recibió oposición por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado, incluido el senador estatal John A. Kissel, miembro de alto rango del Comité Judicial. Kissel dijo que votó en contra del proyecto de ley porque restringe la autoridad federal.
“Creo que esto se está apresurando innecesariamente”, expresó Kissel. “Me imagino que es para enviar un mensaje sobre la magnitud del desacuerdo de ciertas personas con la política de ICE. Pero no podemos usar nuestras leyes como portadoras de mensajes”.
Sin embargo, algunos defensores argumentan que la legislación aprobada no fue lo suficientemente lejos. La carta que enviaron había solicitado específicamente que el sistema judicial de Connecticut ofreciera la opción de comparecencias remotas para todos los procedimientos judiciales.
Sonia Hernández, organizadora comunitaria del grupo de defensa de inmigrantes Make the Road Connecticut, expresó su decepción por el hecho de que esa parte no se incluyera en la nueva medida.
“Las audiencias virtuales no son difíciles porque las tuvimos en el pasado, cuando teníamos COVID”, recordó Hernandez. “Al mismo tiempo, sabemos que esta batalla será difícil. Apenas estamos en el primer año. Tenemos que seguir luchando”.
Los defensores también habían solicitado al estado que mantuviera la atención médica HUSKY para niños indocumentados, ante las amenazas de recortes federales. Connecticut ya había implementado la elegibilidad de los niños indocumentados hace dos años, y expandió el programa para cubrir a los menores de 15 años durante el año pasado.
Las protecciones en los tribunales estatales se convirtieron en una prioridad este verano debido a un aumento en la actividad de control de la ley migratoria en las cercanías de las instalaciones judiciales.
La instancia más destacada de esta actividad ocurrió en agosto, cuando agentes enmascarados arrestaron a dos hombres en un tribunal de Stamford. El evento provocó críticas de funcionarios electos y protestas en comunidades cercanas.
El tribunal más alto del estado actuó poco después. El presidente del Tribunal Supremo, Raheem Mullins, emitió en septiembre una política que limita la actividad de ICE en los tribunales. La medida se produjo tras una solicitud de senadores estatales demócratas.
El representante estatal Steve Stafstrom, un demócrata que copreside el Comité Judicial, explicó que los legisladores deseaban codificar los parámetros establecidos por el poder judicial.
“Pensé que era importante que el poder legislativo influyera en esa política, que le diéramos mayor peso”, dijo Stafstrom.
Según el proyecto de ley aprobado esta semana, los oficiales de la fuerza del orden que busquen arrestar o detener a alguien en las instalaciones de un tribunal deben primero notificar a un alguacil judicial y presentar una orden judicial firmada o documentación que demuestre que el individuo buscado no está amparado por la ley de detención civil de Connecticut.
Las protecciones de la ley tienen excepciones y no aplican si la persona buscada está incluida en una base de datos federal de terrorismo. Tampoco aplican si ha sido condenada por un delito grave de clase A o B o por uno de otros 13 delitos penales específicos.
Los legisladores también ampliaron el área de protección contra el arresto para las personas que visitan el tribunal. La nueva ley ahora cubre áreas aledañas como estacionamientos, garajes y las pasarelas cercanas a las instalaciones de la corte.
Según Bortolleto, incluso tan recientemente como el miércoles, miembros de Danbury Unites for Immigrants presenciaron a agentes de inmigración federales operando cerca del Tribunal Superior de Danbury.
Un portavoz de la oficina local de ICE en Boston confirmó en un comunicado que sus agentes llevaron a cabo operaciones en Danbury, pero no especificó la ubicación exacta.
