Este informe se publicó originalmente el 13 de noviembre 2025.
El jueves, los legisladores de Connecticut aprobaron finalmente un proyecto de ley para la creación de un fondo estatal de emergencia. Este fondo permitirá disponer de hasta $500 millones de las reservas presupuestarias del estado para responder a lo que se describe en el proyecto como "las acciones o inacciones federales que resulten en una reducción de recursos".
El proyecto de ley otorga a la administración de Lamont autoridad para financiar programas que han sido afectados, como aquellos que proveen asistencia para calefacción en el hogar, alimentos y nutrición, incluyendo WIC y SNAP. Otros programas elegibles incluyen aquellos que ofrecen asistencia para la vivienda, la salud y el cuidado infantil (como Head Start, financiado por el gobierno federal).
Durante la sesión especial de dos días iniciada el miércoles, algunos legisladores republicanos, como Rob Sampson (R-Wolcott), sostuvieron que “no hay ninguna emergencia” ni necesidad que justifique la creación de este fondo, puesto que el cierre del gobierno federal ya terminó.
“No nos corresponde cuestionar la decisión del gobierno federal ni tratar de reemplazar los fondos que ellos decidan no asignar”, declaró Sampson en una entrevista previa a la sesión. "Estamos aquí para hacer política en Connecticut, no política federal".
Los legisladores demócratas expresaron un firme rechazo a esta postura durante los debates en el pleno.
“Quinientos millones de dólares no dan abasto”, afirmó el senador estatal Gary Winfield (D-New Haven). “Algunos no están de acuerdo con reservar esos fondos, aunque los necesitemos para alimentar a las personas. No quieren reservar los fondos, aunque los necesitemos para proteger a las personas del frío. No están de acuerdo con contar con fondos para poder proteger a los residentes de nuestro estado, a quienes se supone que todos nosotros cuidemos".
El cierre de 43 días del gobierno federal giró en torno a la presión de los demócratas en el Congreso para incluir subsidios adicionales a las primas en un acuerdo presupuestario antes de finalizar el año, con el fin de evitar aumentos drásticos en las primas de salud para miles de personas que dependen de planes del Affordable Care Act.
“No quiero dar la impresión de que no me preocupo por los que sufren”. Diría que, para empezar, deberían responsabilizar a los demócratas en Washington por el papel que jugaron en el cierre”, afirmó Sampson.
Durante el cierre, Connecticut pudo cubrir la falta de fondos en programas como WIC y, posteriormente, para pagos de SNAP, mientras reinaba la incertidumbre sobre si el gobierno federal utilizaría fondos de contingencia para mantener estos beneficios.
Los partidarios del esfuerzo afirmaron que el objetivo del fondo es que el estado tenga esa capacidad para ayudar sin esperar a la siguiente sesión.
"La incertidumbre seguirá presente aun cuando concluya el cierre", dijo la representante estatal Maria Horn (D-Salisbury) el miércoles. “Estamos en una situación fiscal favorable para responder a esta preocupación”.
Propósito del proyecto de ley
El proyecto de ley propone un ajuste temporal que permite transferir $500 millones del Fondo de Reserva Presupuestaria, una suma que supera el límite habitual del 18% permitido por la ley estatal. Normalmente, cualquier excedente extra se destinaría automáticamente a reducir la deuda de la pensión. En estos momentos, el estado cuenta con un fondo de reserva presupuestario de más de 4 mil millones de dólares.
El proyecto establece que la Secretaría de la Oficina de Política y Gestión debe notificar sobre el gasto a los líderes legislativos de ambos partidos en la Cámara y el Senado, seis en total, quienes pueden bloquear una medida para utilizar el dinero con una mayoría de votos dentro de las 24 horas posteriores a ser notificados.
Eso podría incluir usar el dinero para cubrir más lapsos en la ayuda federal. Esta es una posibilidad sobre la que varios legisladores demócratas expresaron preocupación durante la sesión.
"Simplemente no tengo certeza de que no vayamos a tener otro cierre en enero", dijo la senadora estatal Cathy Osten (D-Norwich) a los senadores el jueves.
El presidente del Senado, Martin Looney (D-New Haven), coincidió.
“Desconocemos cuál será la próxima situación crítica. Estamos satisfechos de que, hasta ahora, se prevé financiamiento para SNAP; sin embargo, las ayudas de Affordable Care Act podrían suspenderse a partir de diciembre”, afirmó Looney.
El proyecto de ley contó con apoyo bipartidista en ambas cámaras, aunque algunos críticos republicanos lo calificaron de slush funds (fondos discrecionales) y estaban preocupados por gastar las reservas estatales.
"No hay nada que garantice que realmente estamos cubriendo las necesidades, porque los proponentes no explican cuáles son esas necesidades ni cómo ascienden a $500 millones", dijo el senador estatal Ryan Fazio (R-Greenwich).
Todos los demócratas votaron a favor de la medida. Entre los republicanos del estado, 8 senadores y 20 representantes estatales votaron en contra.
De no ser utilizados antes del 30 de junio, los fondos se destinarán a seguir pagando la deuda de pensiones.
Próximos pasos
En cuanto a los programas que se beneficiarán inmediatamente del fondo, el líder de la mayoría en el Senado, Bob Duff (D-Norwalk), dijo que "esas serán conversaciones que tendremos con el gobernador".
El senador Looney dice los quinientos millones en fondos podrían ayudar a cubrir las subvenciones del ACA que terminan a finales de año.
“Vamos a hacer todo lo posible para ser el mejor apoyo, pero no será suficiente”, declaró Duff. “Ya que no disponemos de los recursos del gobierno federal”.
Como dijo el presidente de la Cámara, Matt Ritter (D-Hartford), el lunes cuando los legisladores anunciaron el fondo, las conversaciones se han estado llevando a cabo desde el verano para responder a los recortes que la administración Trump y el Congreso hicieron bajo el H.R. 1, también conocido como el proyecto de ley “One Big Beautiful Bill”.
“Esto no desaparece, y esas conversaciones continúan”, afirmó Ritter.
La implementación de algunas de las modificaciones bajo el H.R. 1, como cambios a Medicaid y a SNAP, están previstas para el 2026 o más tarde.
Sin embargo, en el caso de Planned Parenthood of Southern New England (PPSNE), los pacientes que acuden a centros en Connecticut no tienen cubierta de Medicaid bajo el H.R. 1.
Gretchen Raffa, directora de políticas y defensa en PPSNE, dijo que están pidiendo al gobernador que utilice parte del nuevo fondo de $500 millones para abordar el bloqueo de fondos federales.
"Para cubrir los costos de la atención preventiva, que incluye exámenes de detección de cáncer, anticonceptivos, pruebas y tratamientos de ITS y otros servicios de atención médica preventiva", dijo Raffa, añadiendo que están perdiendo un millón de dólares al mes para seguir ayudando a los pacientes de HUSKY cuando simplemente no es sostenible.
Coralys Santana estuvo también el jueves entre las decenas de personas del grupo de defensa Connecticut Project Action Fund en su lucha en apoyo al proyecto de ley para crear fondos de emergencia (entre otras medidas) en el Capitolio. Santana, directora de campaña del grupo, expresó que querían asegurarse de que nadie se quede sin comida o atención médica debido a los recortes presupuestarios federales.
"Todo es costoso e inasequible", indicó Santana. “Las familias están limitando sus comidas, y la posibilidad de perder el escaso apoyo para acceder a servicios médicos o alimentos solo agrava la preocupación generalizada en el estado”.
Por su parte, grupos como la coalición Connecticut for All apoyaron la creación del nuevo fondo, aunque recalcaron que el estado cuenta con más de 4 mil millones de dólares en su fondo de contingencia para ayudar a quienes lo necesitan.
El proyecto de ley ahora se dirige al gobernador Ned Lamont para su firma.
El proyecto constituye una de las cuatro medidas consideradas en la sesión especial de la legislatura de Connecticut, que incluyeron un esfuerzo para restringir los arrestos de ICE cerca de los tribunales, una versión revisada de un importante proyecto de ley de vivienda vetado por Lamont en junio, y un acuerdo que ayudaría a UConn Health a adquirir el hospital de Waterbury.
