Por José A. Delgado
Washington D.C.– Legisladores federales, autoridades de la Isla y activistas avivaron este jueves la presión hacia el Congreso para que integre a Puerto Rico en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés), lo que puede representar un aumento de cerca de $1,700 millones anuales en ayuda alimentaria.
Más de 200 organizaciones cívicas, promotoras de la agricultura, el comercio, empresas, entidades gubernamentales e instituciones y religiosas de Estados Unidos y Puerto Rico dieron a conocer una declaración de respaldo a la inclusión de la Isla en el SNAP.
“Este es el momento”, dijo Lillian Rodríguez López, portavoz de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico, al indicar que en los últimos años el mensaje del Congreso ha sido que el debate sobre una potencial transición de la Isla del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al SNAP tenía que ocurrir con la reautorización de la ley agrícola, que vence en septiembre.
La senadora demócrata Kirsten Gillibrand (Nueva York) y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, encabezaron una conferencia de prensa frente al Capitolio estadounidense para dar a conocer la declaración.
Gillibrand, en el Senado, y González, en la Cámara de Representantes, son las autoras del proyecto de ley que busca ordenar ese proceso.
“El Congreso nunca debió revocar el acceso de Puerto Rico a SNAP”, dijo Gillibrand, al indicar que está “presentando su caso” ante el Comité de Agricultura, del cual es parte, para acentuar la “injusticia cometida por el Congreso hace 40 años”.
“Estados Unidos es el país más rico del mundo…No podemos permitir que nuestra gente pase hambre solo por el sitio en que viven”, agregó.
La comisionada González, quien hace caucus con los republicanos, dijo que ha estado reuniéndose con miembros del Comité de Agricultura y que muchos se sorprenden de que la Isla no sea parte del SNAP. “El PAN no se adapta a los aumentos en la demanda y retrasa la respuesta ante desastres”, indicó González, quien, tras la conferencia de prensa, se reunió con el presidente del Comité de Agricultura, el republicano Glenn Thompson (Pensilvania).
Mari Jo Laborde, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de Puerto Rico, señaló que han experimentado un aumento de 40% en la demanda de asistencia alimenntaria.
La iniciativa legislativa tiene el respaldo en Washington del líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), otros seis senadores que hacen caucus con los demócratas, y un grupo de representantes. En San Juan, cuenta con el apoyo del gobernador Pedro Pierluisi, y los presidentes del Senado, José Luis Dalmau, y la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
“Este proyecto de ley brinda una transición rápida y largamente esperada a SNAP para Puerto Rico, brindando a la isla las herramientas que necesita para combatir la inseguridad alimentaria”, dijo, por su parte, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).
Schumer, por su lado, afirmó que “los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no ciudadanos de segunda clase”y “deben tener un asiento en la mesa mientras el Congreso se prepara para negociar una legislación que ayude a poner comida en la mesa para las familias necesitadas”.
En la conferencia de prensa estuvieron representantes de la Federación Hispana, el Banco de Alimentos de Puerto Rico, el Ejecutivo y el Senado de la Isla, y el Caucus de Legisladores Estatales Hispanos, entre otros.
A nombre del gobernador estuvo su representante en Washington, Luis Dávila Pernas. También estuvo presente el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe.
“Esto es sobre equidad y justicia”, dijo Frankie Miranda, presidente de la Federación Hispana.
Un estudio que encomendó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos – publicado por El Nuevo Día el pasado verano-, determinó que una transición del PAN al SNAP en Puerto Rico puede tomar una década, y representar un aumento de los $2,815 millones que ahora recibe la Isla a $4,500 millones anuales.
“Se puede bajar el tiempo de la transición. Si toma 10 años sería una gran pérdida para los beneficiarios de Puerto Rico. Serían por lo menos $12,000 millones”, sostuvo Rodríguez López.
Alrededor de 1.4 millones de personas reciben en Puerto Rico asistencia del PAN, que -contrario al SNAP, que existe en los estados, Washington D.C., Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses-, funciona como una subvención en bloque.
Hace unos días, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago propuso al Congreso que, independientemente de la decisión que se tome en torno al SNAP, se reforme el PAN para que al menos la mitad de los fondos puedan ser utilizados para apoyar a los agricultores de la isla y promover la autosuficiencia agrícola.
Aunque no haya sido su intención, Rodríguez López dijo que la carta en la que el Centro Cultural Puertorriqueño puede haberse interpretado como una iniciativa para transferir la mitad de los fondos del PAN a los agricultores.
“Creo que no se expresó de la forma que querían. Estamos apoyando que los agricultores se beneficien más del SNAP…pero que no se le quiten fondos a los beneficiarios”, sostuvo la portavoz de la Coalición para la Seguridad Alimentaria, quien indicó que el SNAP tiene un programa cooperativo de compra a agricultores locales.
Junto a Gillibrand presentaron la legislación en el Senado el líder Schumer, Richard Blumenthal (Connecticut), Robert Menéndez (Nueva Jersey), Cory Booker (Nueva Jersey), Bernie Sanders (independiente por Vermont que hace caucus con los demócratas), Elizabeth Warren (Massachusetts) y John Fetterman (Pensilvania).
Gillibrand anda en busca de respaldo republicano.
En la Cámara baja seis congresistas demócratas - Darren Soto (boricua por Florida y miembro del Comité de Agricultura); James McGovern (Massachusetts); Chrissy Houlahan (Pensilvania); Haley Stevens (Michigan), Jill Tokuda (Hawai); y Earl Blumenauer (Oregón)-, apoyan el proyecto de González.
También lo respaldan los republicanos María Elvira Salazar (congresista Florida), Amata Coleman Radewagen (delegada de Samoa americana) y James Moylan (delegado de Guam).
De cara al verano, deben cobrar fuerza las negociaciones bipartidistas en torno a la reautorización de la ley agrícola, según dijo recientemente a El Nuevo Día la presidenta del Comité de Agricultura del Senado estadounidense, la demócrata Debbie Stabenow (Michigan), quien ha respaldado la idea, pero advertido que será uno de los temas que requerirán consenso con los republicanos.
