Este mes, la comisionada del Departamento de Niños y Familias (DCF, por sus siglas en inglés), Vanessa Dorantes, anunció su decisión de renunciar al cargo.
A partir de enero, la subcomisionada, Jodi Hill-Lilly asumirá el mando de la agencia como jefa interina, a la espera de su nombramiento oficial como comisionada de la agencia por parte de la legislatura.
“Hemos hecho una labor excepcional bajo el liderato de Vanessa Dorantes”, indicó Hill-Lilly. “Estamos emocionados de mantener el ímpetu e ir más lejos, pues tenemos un nuevo tipo de dinámica emergente aquí en Connecticut, y creo que en la nación entera luego de la pandemia”. Su nombramiento surge luego de la publicación de un informe de la Oficina del Defensor del Niño de Connecticut donde se critica al DCF. El informe, publicado a principios de este año, destaca varias deficiencias de la agencia y señala varias muertes prevenibles de menores en los pasados tres años.
La publicación de este informe provocó críticas de parte de la comunidad, particularmente en respuesta a casos de alto perfil, entre los que se encuentran la muerte de un menor de 2 años en Stamford y alegaciones de agresión sexual contra adolescentes en un hogar grupal financiado por el DCF en Harwinton. El informe de la Oficina del Defensor del Niño recomendó el desarrollo de protocolos claros y un informe anual sobre cómo el DCF interactúa con las familias.
En octubre, el senador estatal Kevin Kelly y el representante estatal Vincent Candelora redactaron una carta al Gobernador Ned Lamont, en donde proponen la creación de un panel para investigar el DCF a la luz de los recientes informes que exponen problemas en la agencia, incluidas las preocupaciones presentadas por la Oficina del Defensor del Niño.
Josh Michtom, miembro del Concejo Municipal de Hartford, expresó que el DCF “tiene buenas prácticas escritas”, pero hizo hincapié en la necesidad de cambios sistémicos dentro de la agencia para servir a las familias de Connecticut.
“No existe un buen sistema de control de calidad”, lamentó Michtom. “El DCF podría actuar antes de que una situación sea critica, pero como siempre piensan en su presupuesto, tienden a dejar a las familias a su suerte hasta que llegue la crisis”.
Michtom representó a Zavianne Grajales, una joven madre de 23 años que estuvo en hogares de crianza temporal hasta los 18 años, en un proceso judicial. La joven alegó que el DCF intervino en su vida tras denuncias sin fundamento, y le quitó a sus hijos luego de un incidente de violencia doméstica. Dijo que finalmente ganó el caso en 2020 y recuperó la custodia de sus hijos.
El DCF no comentó sobre el caso, aduciendo a la confidencialidad de los procesos legales y los archivos sobre los servicios de protección infantil.
Grajales mencionó que le preocupa el que el DCF separe a familias de color de manera desproporcional.
“Realmente parece que muchas veces, a los hispanos y a las personas de color les quitan sus hijos y no tienen oportunidad para recuperarlos”, dijo Grajales. “Soy una de las pocas que he podido recuperar a mis hijos y mantenerlos bajo mi cuidado”.
En un año regular, el DCF investiga alrededor de 28,000 informes de abuso infantil en Connecticut. La mayoría de los informes llegan de las ciudades más grandes como Hartford, Bridgeport y New Haven, que también son las más diversas racialmente.
Hill-Lilly dijo que está comprometida con abordar las disparidades raciales.
“Es cierto: las familias de color están sobrerrepresentadas en nuestros sistemas”, comentó Hill-Lilly. “Hemos hecho mucho por defender lo que llamamos iniciativas de justicia racial para garantizar que no nos estemos centrando en familias de color de manera injusta”.
Hill-Lilly tiene un mensaje para las familias: “Estamos trabajando con su mejor interés en mente”.
“Esperamos trabajar con ustedes de manera recurrente. A nuestros proveedores que nos ayudan, les damos las gracias, y a la fuerza laboral, que está en la calle trabajando por los niños y las familias, también les extendemos nuestro agradecimiento”, dijo.
