En agosto, el presidente Donald Trump destituyó a seis de los siete miembros que conformaban el organismo de supervisión de las finanzas de Puerto Rico.
Desde entonces, la isla se mantiene en suspenso por ver quiénes supervisarán el próximo y más grande proyecto de la junta: la reestructuración de la deuda contraída con la Autoridad de Energía Eléctrica, o AEE.
"La realidad del sistema eléctrico, el sistema deficiente que tiene Puerto Rico, todos esos problemas, se agudizaron tras el paso del huracán María," comentó José A. Delgado, corresponsal de El Nuevo Día. "En Puerto Rico se vive con miedo sobre lo que pueda pasar en el futuro".
Delgado reporta desde Washington, D.C. para el periódico con sede en Guaynabo, cerca de San Juan.
La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico fue establecida bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como PROMESA, durante la administración Obama. En los casi diez años transcurridos desde entonces, la junta firmó un acuerdo para sacar a Puerto Rico de la bancarrota, reduciendo la aplastante deuda de la isla a menos de una cuarta parte de lo que era en 2016: de $33 mil millones a $7,400 millones.
“Algunos opinaban que la restauración del gobierno local en Puerto Rico tomaría una década, pero actualmente no vemos un horizonte claro”, expresó Delgado. “Además, hay una gran inquietud de que el desenlace no sea tan positivo... ya que la nueva Junta podría presentar una propuesta que perjudique más a Puerto Rico, particularmente en el ámbito del sistema eléctrico.”
El último gran reto pendiente de la Junta es decidir qué pasará con la AEE. La isla debe miles de millones a bonistas de energía, aunque la cifra total varía según la fuente.
La Junta de Supervisión Fiscal propuso un plan de pagos que permitiría recuperar $2,600 millones para la AEE, sin embargo, la mayoría de los bonistas exige el pago íntegro de la deuda, más intereses, lo que elevaría el total a $12,000 millones.
"En Puerto Rico, el temor principal es que Trump elija nombrar solo miembros de la junta que favorezcan a los bonistas que se oponían al acuerdo y pedían la destitución de los miembros de la junta", explicó Delgado.
Si Trump nombra miembros de la junta que simpatizan con esa gran exigencia financiera, las facturas de electricidad de los residentes de Puerto Rico podrían dispararse, según Delgado. Según Politico, se calcula un alza del 40% por kilovatio hora, llevando el precio a más de $0.32. Para ponerlo en perspectiva, en Connecticut, el quinto estado con la tarifa eléctrica más alta en el país hasta julio de este año, se paga poco menos de $0.28 por kilovatio hora.
Persiste la incertidumbre sobre la futura composición de la junta
Tres de los exmiembros—Arthur J. González, Andrew G. Biggs y Betty A. Rosa—presentaron una demanda argumentando que el presidente no tenía facultad para destituirlos, ya que consideran que la junta es una entidad territorial y no federal.
PROMESA sí establece que “el Presidente puede destituir a cualquier miembro de la Junta de Supervisión Fiscal por causa justificada”, pero no se ha presentado ninguna causa para las destituciones.
Se esperaba que la jueza federal María Antongiorgi-Jordán en San Juan decidiera sobre el asunto el miércoles, pero aún no ha confirmado ni revocado la decisión.
En caso de confirmarse, la selección de los nuevos integrantes de la junta recaerá en Trump, y estos tendrán que recibir el visto bueno del Senado estadounidense, dominado por el Partido Republicano.
