Por José A. Delgado
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Washington D.C.– Cuando se presente el jueves el nuevo proyecto de ley federal para regular un plebiscito con alternativas de status para Puerto Rico, sus proponentes buscarán lograr lo que nunca se ha hecho: aprobar una legislación de ese tipo en el segundo Congreso del cuatrienio, que coincide con la elección presidencial.
El próximo proyecto - una medida idéntica al 8393, con excepción de las fechas para el plebiscito y una potencial segunda ronda-, estará encabezado, otra vez, por el líder de la minoría demócrata del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), a pesar de que la Cámara de Representantes está dominada por los republicanos, a cuyo caucus pertenece la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.
González, los congresistas demócratas puertorriqueños Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto (Florida), y ex líder de la mayoría cameral Steny Hoyer (Maryland) - quien fue el mediador en las negociaciones de la pasada sesión del Congreso-, serán principales coauspiciadores del proyecto de ley.
Junto a ellos estará el jueves en una conferencia de prensa el gobernador Pedro Pierluisi.
El gobierno de Estados Unidos nunca le ha ofrecido a Puerto Rico un plebiscito con alternativas de status. Las cuatro ocasiones en que la Cámara baja federal ha aprobado una medida de ese tipo, la legislación ha muerto en el Senado.
En esta ocasión, no solo el camino está bloqueado en el Senado - dividido 51 a 49-, para cualquier medida que busque hacer enmiendas al status, sino que el liderato de la mayoría republicana cameral votó y se expresó en contra de una legislación similar, el 8933, en diciembre de 2022.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado en cuatro ocasiones – 10 de octubre 1990; 4 de marzo de 1998, 29 de abril de 2010; y 15 de diciembre de 2022-, proyectos dirigidos a regular un plebiscito de alternativas de status.
Por lo menos 146 medidas – sin contar de forma independiente proyectos similares radicados en diferentes sesiones-, ya han sido presentadas en el Congreso de Estados Unidos en torno al status político de Puerto Rico, según el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Connecticut, Charles Venator Santiago.
Entre ellas está el proyecto de presupuesto de enero de 2014, durante la administración de Barack Obama, que asignó $2.5 millones para el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobar las definiciones de status de un referéndum convocado por el gobierno de Puerto Rico. Esos fondos nunca se han utilizado.
En diciembre pasado, una semana antes del cierre del Congreso 117, la Cámara baja aprobó – 233 a 191, con solo 16 votos republicanos a favor-, el proyecto 8393, que representó la primera ocasión en que ese cuerpo legislativo propuso excluir el status territorial o colonial – comúnmente llamado Estado Libre Asociado-, como alternativa.
En esta sesión, los republicanos tienen una mayoría de 222 a 213 en la Cámara de Representantes.
La nueva medida persigue que el Congreso convoque un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia, para el 2 de noviembre de 2025, lo que excluiría un referéndum en este cuatrienio. Si ninguna alternativa obtiene el 50% más uno de los votos, las dos con más respaldo irían a una segunda vuelta el 8 de marzo de 2026.
El presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman (Arkansas) – quien controlará el trámite de esta medida-, lideró en 2022 la oposición al proyecto 8393, por excluir el status territorial, considerar que no debe proponerse un plebiscito hasta que se cumplan los objetivos de la ley Promesa, requerir una súper mayoría para cualquier cambio de status y el inglés como único idioma oficial de la estadidad, entre otras cosas.
Al asumir el liderato del comité, en febrero, Westerman reafirmó que quiere que la ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cumplan con su objetivo. Teniendo en cuenta los requisitos de la ley Promesa y el tiempo que le toma al Ejecutivo publicar los estados financieros auditados, la JSF estaría en funciones por lo menos hasta 2026.
El gobernador Pedro Pierluisi estará esta semana en Washington D.C. para reuniones con miembros del Congreso y la presentación del proyecto de ley.
Pierluisi indicó que de cara a promover la próxima legislación centrará sus esfuerzos en los demócratas del Congreso, aunque “seguiré colaborando con los esfuerzos en el ala republicana”, a la que pertenece la comisionada González, quien le puede retar por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación.
“Mi objetivo es que logremos que el Congreso actual apruebe un proyecto igual o similar al proyecto de la Cámara 8393, pues le permite al pueblo resolver el asunto del estatus de Puerto Rico mediante la estadidad”, señaló Pierluisi, al indicar que la Asamblea General del PNP acordó, en marzo pasado, respaldar una medida como el 8393.
En su viaje anterior a Washington D.C., el gobernador Pierluisi indicó que buscaría reunirse, junto a González, con Westerman.
Desde el pasado cuatrienio, el liderato de la minoría republicana del Senado, encabezado por Mitch McConnell (Kentucky), ha descartado avanzar una medida que proponga la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C..
Horas después de que el 8393 fue aprobado en la Cámara baja, el entonces líder de la mayoría, Steny Hoyer (Maryland), recomendó al gobernador Pierluisi utilizar ese proyecto como modelo para un referéndum criollo, pues considera que debido a la oposición de muchos republicanos a la estadidad, la medida no tendría futuro en esta sesión.
Tras el referéndum criollo de 2020, en el que la estadidad obtuvo el 52.5% de los votos, el ahora líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), dijo a El Nuevo Dia que esa consulta reflejó que no hay consenso en la Isla en torno al status, sino “división”.
Mientras, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), reiteró a El Nuevo Día, en febrero pasado, que antes del Congreso considerar admitir un nuevo estado, la idea debe aprobarse en un referéndum nacional en Estados Unidos.
Hace unos días, el senador republicano Marco Rubio (Florida) reafirmó que no hay respaldo suficiente en el Senado para poder promover una medida que ofrezca a Puerto Rico la estadidad.
“En el Senado no tenemos los votos en este momento, porque incluso hay demócratas que están en contra”, subrayó Rubio.
