El año escolar ya entró en pleno apogeo para nuestros estudiantes y maestros. A ello se le suma una nueva ley. Esta requiere que cada distrito establezca políticas para garantizar que las bibliotecas escolares cuenten con un proceso para manejar los desafíos a libros y otros materiales bibliotecarios. Desde la pandemia, el número de libros desafiados ha aumentado drásticamente.
En 2024, el 38% de los libros desafiados a nivel nacional fueron libros de bibliotecas escolares, mientras que el 5% fueron libros escolares, según informa la Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA, por sus siglas en inglés).
Según la nueva ley de Connecticut, una junta escolar tiene que adoptar tres políticas: una política de recopilación, desarrollo y mantenimiento; una política de exhibición y programa de biblioteca; y una política de revisión de materiales bibliotecarios.
La ley, que también contiene disposiciones para políticas de recopilación y revisión de bibliotecas públicas, fue aprobada después de que los legisladores incorporaran el lenguaje en el presupuesto estatal de este año. El lenguaje era similar a el Proyecto de Ley del Senado considerado por el Comité de Niños.
Pensar en todos los niños de la comunidad
Ellen Paul, directora ejecutiva del Consorcio de Bibliotecas de Connecticut (CLC, por sus siglas en inglés) estimó que aproximadamente la mitad de los distritos escolares del estado tienen algún grado de políticas bibliotecarias, aunque algunas no se han actualizado desde los años 90.
"Tengo el presentimiento de que habrá muchas escuelas y muchas juntas de educación que deben comenzar a trabajar con esto", dijo Paul.
El CLC y la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Connecticut han estado llevando a cabo sesiones informativas en línea desde agosto para que el personal de la biblioteca escolar aprenda la nueva ley.
Las políticas deben cumplir con ciertos parámetros, como seguir los estatutos de no discriminación del estado. Pero las reglas deben ser aprobadas por la junta de educación en consulta con el superintendente, el director de currículo y un bibliotecario del distrito.
"No establecemos una política estándar porque sabemos que lo que funciona en Norwich, podría no funcionar en Norwalk", recalcó Paul.
La ley también establece que un "especialista en medios de la biblioteca escolar está capacitado profesionalmente para seleccionar y desarrollar una colección que proporcione a los estudiantes acceso a la gama más amplia de materiales bibliotecarios y otros materiales educativos apropiados para la edad y el nivel de grado".
Las políticas son para permitir la consideración a la solicitud de reconsideración, por lo que los materiales “no solo se retiran del estante porque una persona no quiere que su hijo lea el libro, sino que pensamos en todos los niños de la comunidad”, dijo Paul.
Además, la ley también establece que las solicitudes de reconsideración de materiales escolares solo se limitan a “los padres y tutores de los estudiantes, así como a los estudiantes elegibles actualmente inscritos en la escuela o distrito escolar”.
A nivel nacional, el año pasado solo el 16% de los desafíos a libros provinieron de padres, según descubrió el informe de la ALA. El resto provino en su mayoría de grupos de intereses especiales, funcionarios gubernamentales y alguna junta o administración.
Algunos opositores declararon en testimonio público que temían que el proyecto de ley de Connecticut tendría un efecto desalentador sobre la capacidad de desafiar libros. En cambio, los partidarios del proyecto de ley enfatizaron que crear un proceso justo para revisar el material era vital para preservar la libertad de lectura.
"Las bibliotecas escolares siempre han sido espacios donde los estudiantes pueden explorar el mundo y comenzar a comprenderse a sí mismos", dijo Val DiLorenzo, presidente de la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Connecticut, en una declaración conjunta con otras organizaciones bibliotecarias después de la aprobación del proyecto de ley.
"Aunque eso no significa que todos los libros sean adecuados para todos los lectores, sí implica que los estudiantes merecen la oportunidad de elegir con orientación, no con censura".
Las decisiones no se han tomado tras bastidores
Connecticut no es el único estado de Nueva Inglaterra que ha codificado políticas de "libertad de lectura" en sus leyes. Rhode Island, por ejemplo, aprobó un esfuerzo similar este año, mientras que la ley de Vermont se aprobó el año pasado y entró en vigencia este julio.
La Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA indicó que en Connecticut hubo 29 libros desafiados en 2022 y 117 en 2023. El año pasado solo hubo 17, una disminución que hizo eco de las tendencias en los datos a nivel nacional. No obstante, el grupo dijo que es probable que sea un recuento insuficiente, y Paul coincidió con ese sentir.
"Si confiamos en que las personas simplemente informarán cuando presenten una solicitud, perderemos de vista el alcance de la situación", agregó Paul.
La ALA informó que las restricciones legislativas en los estados, como las escuelas deben limitar o eliminar materiales bibliotecarios con temas sobre la raza o el racismo, temas LGBTQ+ o, de manera más general, que contengan "contenido sexual", probablemente también aportaron a la disminución en la cantidad de libros desafiados documentados.
Este año, la legislatura de New Hampshire aprobó un proyecto de ley de libros escolares que en gran medida sigue las líneas partidistas que habrían prohibido los materiales que muestran desnudez o contenido sexual si “carecen de un valor literario, científico, médico, artístico o político serio para los menores”. La medida también habría creado un proceso para el desafío de materiales bibliotecarios. Pero el gobernador lo vetó.
A pesar de que Connecticut no ha aprobado leyes que aborden el contenido de los materiales bibliotecarios, algunos legisladores estatales intentaron prohibir de manera amplia el contenido sexual en los libros. El intento se realizó sin éxito en la pasada sesión legislativa. Esto incluyó un proyecto de ley que no salió del comité de educación, así como una enmienda a una medida relacionada con contratos de libros electrónicos para bibliotecas.
Paul dijo que espera que la nueva ley pueda tranquilizar a las personas de que los desafíos a los libros se manejan con cuidado, “siendo revisados por personas que viven y trabajan en la comunidad, personas que envían a sus hijos a estas escuelas, y que las decisiones no se toman tras bastidores por una o dos personas”.
Maysoon Khan, de Connecticut Public, contribuyó a este reportaje.
