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Los miembros del Congreso de Connecticut están pidiendo una investigación ante el presunto uso indebido de fondos federales destinados a la resiliencia de la red eléctrica en Puerto Rico.
Los representantes demócratas estadounidenses de Connecticut, entre ellos John Larson, Rosa DeLauro y Joe Courtney, firmaron una carta dirigida al Secretario de Energía de los EE.UU., Chris Wright. En el documento, 46 miembros del Congreso solicitan una sesión informativa para entender por qué la administración Trump ha retirado $715 millones en fondos federales desde el otoño pasado.
El representante Larson señaló que el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico de $1,000 millones establecido por el Congreso en 2023 buscaba fortalecer hogares y negocios mediante proyectos privados de energía solar en techos.
“Ese fondo fue designado para ayudar con el suministro de energía para instalaciones de salud, apartamentos y condominios, y permitir que familias e individuos de bajos ingresos puedan contar con energía", afirmó Larson.
La esperanza era brindar independencia energética a los ciudadanos de la isla, particularmente durante la recuperación ante desastres, y aliviar también los problemas energéticos del día a día.
Según los datos de la Administración de Información sobre la Energía de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés), los clientes en Puerto Rico sufren las interrupciones de red más frecuentes de cualquier lugar en la nación americana. Mientras que el promedio nacional a partir de 2024 es de dos horas de interrupción del servicio por año, los residentes de la isla experimentan 27 horas de interrupción del servicio al año, excluyendo los periodos de recuperación tras huracanes. Florida tiene el segundo promedio más alto, siendo igualmente propensos a tormentas, con un promedio de 19 horas de interrupción del servicio al año.
DeLauro, quien representa a la ciudad de Connecticut con la segunda población más grande de boricuas en el estado, fue testigo de los problemas energéticos de la isla tras el paso del huracán María en 2017. Viajó a Puerto Rico meses después, cuando la mayoría de los residentes todavía dependían de generadores de combustible fósil.
También afirmó que la administración Trump aún no ha dado respuestas sobre los fondos destinados al territorio estadounidense. Esto se produce mientras la administración ha trabajado para detener otros proyectos de energía renovable, incluidos varios proyectos eólicos frente a la costa de Nueva Inglaterra.
“Estamos mirando a Puerto Rico, donde son todos estadounidenses. Son vulnerables a desastres, a muchos en los últimos años. Tienen una red eléctrica débil, y se trata de fondos asignados”, dijo la congresista Rosa DeLauro de New Haven.
“Tienen una isla que depende totalmente de combustibles fósiles importados, y solo el 1% de la energía de Puerto Rico proviene de recursos renovables”, dijo DeLauro.
Los datos de la EIA muestran que, en 2023, el petróleo representó el 58% del consumo energético en Puerto Rico, seguido por el gas natural con un 31% y el carbón con un 10%. Un estudio reciente, comisionado durante la administración Biden, encontró que una transición a energía 100% renovable cubriría más de diez veces las necesidades energéticas actuales y proyectadas de la isla hasta 2050.
¿A dónde van los fondos retirados?
El congresista Larson representa el distrito que incluye Hartford, el área con la mayor población puertorriqueña del estado. Según los datos más recientes de la Iniciativa de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Connecticut, más de un tercio de los residentes de la ciudad son puertorriqueños. El congresista afirmó que tanto la isla como los más de 300,000 residentes de Connecticut con lazos en Puerto Rico tienen el derecho de saber cuál es el destino actual de ese dinero.
“Muchas veces”, dijo Larson, “lo que se da a entender es que a la gente no le importará que esto esté ocurriendo, porque es Puerto Rico y no es el territorio continental”.
Además de los problemas de apagones, los puertorriqueños en la isla ya pagan facturas de electricidad más altas que la mayoría de los estadounidenses y ahora enfrentan un posible aumento de tarifas que hará que los costos de energía sean un 14% más altos que en Connecticut, un estado que se mantiene consistentemente entre los primeros cinco estados con las facturas eléctricas más caras del país.
Al final del segundo mandato del presidente Obama, se estableció una junta de control fiscal para sacar a Puerto Rico de la bancarrota. En la década transcurrida desde entonces, la junta ha logrado reducir la abrumadora deuda de la isla a menos de una cuarta parte del monto original, aunque las negociaciones con los acreedores continúan.
La deuda que se debe a la Autoridad de Energía Eléctrica, o AEE, sigue siendo objeto de debate. La junta de control fiscal propuso recientemente un plan de pago específico para el sector energético que recuperaría $2.6 mil millones para la AEE, pero los tenedores de bonos exigen el monto total más los intereses, lo que asciende a $12 mil millones.
El costo recaerá en los clientes con un alza estimada de 40%, lo que elevaría el precio a más de $0.32 por kilovatio hora. En comparación, Connecticut promedia poco menos de $0.28 por kilovatio hora.
Mientras tanto, el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en inglés) redirigió casi $369 millones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF, por sus siglas en inglés) para energía solar en techos hacia la AEE.
“El DOE no tomó esta decisión a la ligera”, lee la página de preguntas frecuentes del PR-ERF del DOE. “Después de una revisión exhaustiva, actualización de datos sobre la confiabilidad de la red y las directivas de emergencia, el DOE concluyó que seguir destinando fondos del PR-ERF a proyectos de energía solar en techos agravaría los problemas de confiabilidad de la red de distribución y solo cubriría a un segmento muy pequeño de la población”.
Larson y otros representantes demócratas de EE. UU. afirman que el dinero estaba “destinado a ayudar a 175 pequeñas instalaciones de atención médica que atienden a 300,000 pacientes, así como a complejos de apartamentos y condominios que sirven a más de 400,000 residentes”.
El DOE señala que la AEE ahora utilizará los fondos de la subvención para infraestructura avanzada de medición, modernizar subestaciones y estabilizar el sistema de la red eléctrica.
“Es un patrón más amplio del Departamento de Energía, cancelando proyectos indiscriminadamente, y podría añadir que los abogados del Departamento de Energía admitieron en el tribunal que algunas de estas cancelaciones tenían como objetivo castigar a los llamados ‘estados azules’”, dijo la congresista DeLauro.
¿Qué sigue?
Tanto DeLauro como Larson no están convencidos de que obtendrán respuestas del Secretario de Energía Wright. La carta firmada por Larson y otros solicitó que se programara una sesión informativa del secretario Wright “a más tardar a las 5:00 p.m. del 30 de abril de 2026”, sin embargo, los miembros aún no han recibido respuesta.
No obstante, Larson afirmó que su enfoque, de todos modos, consiste en educar a las masas.
“La vía que tenemos es hablar con la gente en el público y en los medios para hacerles saber esto”, dijo Larson. “De lo contrario, te barrerán bajo la alfombra”.
