Los defensores entonaron a capela “healthcare is a right" (la salud es un derecho) en el Capitolio estatal el pasado martes, marcando así el inicio de su campaña legislativa por la justicia en la salud.
La campaña Health Justice NOW exige reformas en la cobertura y atención médica en Connecticut, abordando la deuda médica, los costos de los seguros y la calidad del servicio frente a los recortes en los fondos federales.
"Estamos pidiendo mejoras sistémicas que aborden las causas profundas de esta crisis y no solo sus síntomas", afirmó Kally Moquete, gerente principal de política pública y defensa en Health Equity Solutions.
Más de una docena de grupos de salud y defensa comunitaria apoyan esta campaña, entre ellos Connecticut for All y HUSKY 4 Immigrants, quienes la semana pasada defendieron la protección del acceso a la atención médica para las comunidades inmigrantes.
Dale "Sparky" Elliott, miembro de SEIU 1199 de Nueva Inglaterra, es asistente de cuidado personal de su hijo y afirmó que todo el sistema médico requiere una reforma.
"En ocasiones los recortes ni siquiera son lo primero que te afecta. Es la dificultad", afirmó Elliott. "Es el miedo a que si te falta un formulario, una cita o se marca mal una casilla, tu hijo pueda perder la cobertura, no porque no cumpla los requisitos, sino porque el sistema está configurado de una manera que facilita que las familias se queden fuera".
Chris Altrock, del Connecticut Institute for Refugees & Immigrants, señaló que los recortes del gobierno federal a Medicaid obligan a Connecticut a tener que tomar una decisión.
"Podemos permitir que la política federal deshaga silenciosamente años de salud pública inteligente y compasiva, o podemos intervenir con asistencia de salud a nivel estatal para proteger a quienes corren más riesgo", dijo Altrock.
Según la campaña, los defensores de la salud buscan que los legisladores minimicen el riesgo de deuda médica controlando los costos desde la raíz, garanticen una cobertura de atención de calidad con opciones de seguro innovadoras que la gente pueda costear, y amplíen el acceso a la atención médica para todos, independientemente de los ingresos o el estatus migratorio.
“Si nuestras comunidades no gozan de buena salud, las personas no pueden trabajar. Y si no pueden trabajar, no pueden generar ingresos para comprar lo que necesitan”, afirmó Moquete. "Eso es lo que hay que considerar en este punto".
Recortes en los fondos para extender la cobertura
En la propuesta presupuestaria de este año, el gobernador Ned Lamont ha planteado eliminar los fondos que estaban destinados a realizar cambios sistémicos para que los inmigrantes indocumentados pudieran obtener Medicaid de emergencia.
Según el texto del presupuesto propuesto, los $700,000 en fondos previstos para el año fiscal 2027 “permitirían a las personas que cumplen los requisitos de elegibilidad para Medicaid pero que no califican debido a su estatus migratorio, solicitar por adelantado la cobertura de emergencia de Medicaid para condiciones médicas de emergencia que podrían tratarse en entornos ambulatorios en lugar de en la sala de emergencias de un hospital”.
Esta iniciativa se aprobó el año pasado, sin embargo se propuso un recorte debido a “importantes preocupaciones sobre los costos y programáticas asociados a dicha expansión”, según informó Chris Collibee, director de comunicación de la Oficina de Políticas y Gestión de Connecticut (OPM, por sus siglas en inglés).
Collibee también dijo que los “extensos cambios de sistema” requeridos por la Ley de la Bella y Enorme Medida Legislativa (One Big Beautiful Bill) aumentan dichas preocupaciones. Para promulgar este cambio, el estado tendría que extender la cobertura de Medicaid de emergencia a condiciones específicas más allá de afecciones que ponen en peligro la vida o requieren atención inmediata, como un infarto o una fractura, lo que exigiría una nueva definición de "condición médica de emergencia”.
El secretario interino de la OPM, Joshua Wojcik, afirmó que también sería difícil obtener la aprobación de una nueva definición por parte del gobierno federal, debido a sus actuales "definiciones muy específicas de lo que constituye una emergencia".
"Para que podamos centrarnos en los cambios y ajustes que necesitamos hacer para minimizar los impactos de la H.R. 1 (de la Bella y Enorme Medida Legislativa) y algunas retiradas de fondos federales, consideramos apropiado mantener vigente la ley actual en cuanto a los servicios de emergencia", dijo Wojcik.
Collibee compartió este sentimiento, señalando en un comunicado escrito que "gastar $700,000 en cambios de sistemas para implementar beneficios que probablemente no serán aprobados o implementados en un futuro cercano es difícil de justificar".
El senador estatal y presidente del Comité de Salud Pública del Senado, Saud Anwar, afirmó que este asunto será analizado en una comisión.
"Ahí es donde intervenimos nosotros. Quizá el gobernador tenga miedo. Nosotros no", afirmó Anwar. "De hecho, en el comité de asignaciones tendremos conversaciones francas y una audiencia pública, y arreglaremos lo que haga falta".
Anwar intervino el martes en la rueda de prensa de la campaña Health Justice NOW, donde defendió la atención médica preventiva. El sublíder de la mayoría del Senado y presidente del Comité de Servicios Humanos del Senado, Matt Lesser, también estuvo presente respaldando la causa.
"Vamos a plantear legislación para intentar resolver esto. ¿Cómo lograremos que la salud sea asequible para la gente de Connecticut?", preguntó Lesser.
Michayla Savitt, de Connecticut Public, contribuyó a este reportaje.
