Durante un viaje a Puerto Rico la semana pasada, el representante estatal de Waterbury, Geraldo Reyes, fue testigo de cómo el Campamento Santiago estaba lleno de soldados estadounidenses y aviones militares alineados en un aeropuerto de Ponce.
“No me gustó”, dijo Reyes, un demócrata que anteriormente presidió el Caucus Negro y Puertorriqueño de la legislatura estatal. "Creo que Estados Unidos se está aprovechando de Puerto Rico porque pueden utilizar la isla como les parezca".
Este despliegue ha puesto en alerta a muchos puertorriqueños en Estados Unidos a medida que aumentan las tensiones diplomáticas con Venezuela.
"Están poniendo a la población puertorriqueña en peligro frente a sus vecinos del Caribe", advirtió Reyes. "Puerto Rico no tiene un conflicto con Venezuela; los Estados Unidos están imponiendo su voluntad al reactivar campamentos que ya habían sido clausurados en la isla".
Por su parte, el concejal de Hartford, Amilcar Hernandez, dijo que le preocupa la falta de transparencia que rodea las operaciones militares estadounidenses.
"La historia de Puerto Rico y la presencia militar estadounidense siempre han estado manchadas por atrocidades que el gobierno estadounidense ha cometido contra el pueblo de la isla bajo el pretexto de protección y desarrollo económico", afirmó Hernandez en una declaración escrita.
El concejal advirtió que la actual operación militar revive temores en la isla sobre el desplazamiento histórico hacia los puertorriqueños y el daño irreversible a los ecosistemas locales causado por las fuerzas armadas.
"En mi opinión, aunque la fuerza militar estadounidense insiste en que estas acciones tienen como fin proteger la democracia, disuadir a los narcotraficantes y mantener la estabilidad regional, basándome en hechos históricos, digo que Puerto Rico vuelve a ser utilizado como peón estratégico en la proyección del poder de los Estados Unidos", afirmó Hernandez.
La organización nacional de defensa de Puerto Rico, Boricuas Unidos en la Diáspora, envió el lunes una carta formal por correo electrónico al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth, exigiendo que "detenga la actual militarización de Puerto Rico y ponga fin de inmediato a todos los planes para expandir las operaciones militares en nuestro archipiélago".
Más allá del cese de operaciones, la organización exige que Defensa proceda con la limpieza y restauración total de los antiguos polígonos de tiro y emplazamientos militares en la isla.
Otras ocho organizaciones de sociedad civil en Puerto Rico y Estados Unidos firmaron la carta. Quince senadores y representantes estadounidenses recibieron una copia por correo electrónico.
Viejas heridas
En los últimos meses, el Caribe ha recibido un número creciente de aviones de combate, drones de la Fuerza Aérea y tropas. El propio secretario Hegseth visitó Puerto Rico a principios de septiembre, coincidiendo con el inicio de los ejercicios de entrenamiento para infantes de la Marina y el aumento de la presencia regional bajo el argumento de combatir a los carteles de la droga.
Sin embargo, un incidente en 1999 en el campo de entrenamiento naval de Vieques reavivó el sentimiento antimilitar cuando un guardia de seguridad puertorriqueño murió accidentalmente por un bombardeo durante un ejercicio militar, provocando que el presidente George W. Bush ordenara en mayo de 2003 el cierre definitivo de las instalaciones navales en la isla.
Investigaciones científicas confirmaron posteriormente una mayor incidencia de cáncer y otros problemas de salud entre los residentes de Vieques, en comparación con el resto de personas de Puerto Rico, una crisis de salud que muchos locales vinculan directamente a ejercicios militares en la isla. La región también sufrió daños medioambientales y falta de desarrollo económico.
Estos temas se abordan con más detalle en la carta, que denuncia que: "Los puertorriqueños han estado esperando que la Marina... cumpla con su responsabilidad y compromiso de limpiar y restaurar por completo todos los antiguos campos de bombardeo y emplazamientos militares en Puerto Rico".
Luis Ponce Ruiz, cofundador de Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR), señaló que la carta busca iniciar un movimiento que evite que la historia se repita.
"Sabemos que con esta actual... administración, probablemente ni siquiera van a responder nuestra carta", dijo Ponce Ruiz, "pero queríamos que fuera la primera señal de un frente unido que luego mostrara a los estadounidenses y puertorriqueños que nosotros, como pueblo, como nación, no estaremos de brazos cruzados ante estos abusos”.
Ponce Ruiz informó que ya han recibido respuestas de algunos representantes de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, quienes expresaron su interés en el tema. Señaló que BUDPR está considerando iniciar una petición pública con el objetivo de llevar este asunto al Congreso en la próxima sesión.
Más información
Boricuas Unidos en la Diáspora participará en un panel virtual el miércoles, 17 de diciembre a las 7 p.m. para debatir sobre la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe y lo que eso significa para Puerto Rico.
