Un siglo después, el Instituto de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Connecticut tiene en marcha un análisis de los casos de 288 residentes de Puerto Rico que, en 1917, rechazaron ser naturalizados como ciudadanos estadounidenses por medio de la Ley Jones.
“Estamos tratando de encontrar toda la documentación que nos explique el estatus legal de estos 288 puertorriqueños”, explicó Charles Venator Santiago, director del Instituto y profesor de Ciencia Política, en entrevista con El Nuevo Día.
El proyecto se origina en una tesis de maestría del estudiante Héctor Iván Arroyo, de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Arroyo es uno de los colaboradores del estudio –que Venator Santiago lidera e incluye a otros dos estudiantes investigadores–, que se quiere terminar para mayo próximo.
El examen parte de la lista de personas que rechazaron la ciudadanía estadounidense que Arroyo obtuvo del Archivo General de Puerto Rico, casos documentados por las cortes federales en el archipiélago boricua.
Ante los tribunales, las personas que decidieron mantener su ciudadanía de Puerto Rico –reconocida por la Ley Foraker de 1900– o la española, tuvieron que rellenar un formulario ante una corte federal.
“Los forzaron a declarar que no querían la ciudadanía estadounidense”, indicó Venator Santiago.
En uno de los documentos, Rosendo Acosta González, de 32 años y natural de Sabana Grande, afirmó, en mayo de 1917, ante la corte de distrito de Mayagüez, que declaraba su intención “de no ser ciudadano de los Estados Unidos según provee la ley del Congreso confiriendo la ciudadanía de los Estados a los ciudadanos de Puerto Rico y a ciertos nativos que residen permanentemente en dicha isla”.
“Toda la documentación que estamos encontrando está en el Archivo General de Puerto Rico, en la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos (NARA, en inglés). Pero, NARA empezó hace unos años a transferir esos documentos a (las páginas de internet) FamilySearch y Ancestry”, explicó Venator Santiago.
Por el momento, han completado las historias de alrededor de medio centenar de los 288 que rechazaron la ciudadanía estadounidense. Cerca de un tercio de esas personas –fuera por querer participar en el proceso político o razones de trabajo– solicitaron después ser naturalizados como estadounidenses, según los datos que los investigadores del Instituto han examinado.
Han ampliado, además, la información de los archivos históricos de Estados Unidos y Puerto Rico con datos del Censo federal. “Estamos construyendo una base de datos que pueda compartir toda esa información”, dijo el profesor.
El análisis toma en cuenta las complicaciones y el trasfondo constitucional de la relación colonial-territorial de Puerto Rico con Estados Unidos, que comenzó con la invasión estadounidense del 25 de julio de 1898 y dos años de pleno control militar.
No fue hasta el 12 de abril de 1900 que el Congreso reguló su relación con el territorio por medio de la Ley Foraker, que estableció el primer gobierno civil y reconoció la ciudadanía de Puerto Rico.
En 1901, en la primera gran controversia jurídica sobre el significado de la relación entre ambos países, Downes versus Bidwell –que abrió la jurisprudencia de los Casos Insulares–, el Tribunal Supremo estadounidense determinó que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de, Estados Unidos.
La decisión del máximo foro judicial, al mismo tiempo, estableció que Puerto Rico es un territorio no incorporado, que no está encaminado a convertirse en un estado de la Unión.
Venator Santiago explicó que, previo a la Ley Jones que naturalizó colectivamente a los puertorriqueños, hubo leyes de naturalización que requieren ser tomadas en cuenta, si se quiere entender el proceso que tuvieron que seguir los 288 opositores iniciales de la ciudadanía estadounidense.
“Desde 1898 a 1906, los puertorriqueños son gobernados como ciudadanos puertorriqueños. Pero, en 1906, el Congreso aprueba una ley de inmigración específica que le permite a los ciudadanos puertorriqueños y de Filipinas naturalizarse bajo las leyes de inmigración… que tienen unos requisitos diferentes a las leyes de ciudadanía del Congreso”, explicó.
Por ejemplo, hasta 1934, una mujer puertorriqueña no podía transmitir la ciudadanía estadounidense a sus hijos. Solo lo podían hacer los padres ciudadanos estadounidenses.
Seis años después, en 1940, el Congreso aprobó la ley que promulgó que todo nacido en Puerto Rico es ciudadano y natural estadounidense. “A partir de 1941, es que todo nacido en Puerto Rico nace en territorio estadounidense”, dijo Venator Santiago.
En gran medida, las decisiones del Congreso sobre la ciudadanía estadounidense marcan todo el debate sobre un potencial cambio en las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, lo que se ha reflejado en proyectos de ley recientes y en las incongruencias que saltaron a la vista cuando el líder independentista Juan Mari Bras renunció, en 1994, a esa ciudadanía y el Tribunal Supremo puertorriqueño, tres años después, le reconoció su derecho a votar y trabajar en el archipiélago boricua.
La investigación del Instituto de Estudios Puertorriqueños de la Universidad de Connecticut se publicará en la página de internet de la entidad, que, entre otras cosas, ya documenta los más de 150 proyectos de ley que se han presentado en el Congreso en torno al status Puerto Rico y que no han sacado a la isla del limbo político en que se encuentra.
Venator Santiago espera que el trabajo que realizan pueda ser publicado también en un libro.
