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Comienza la sesión legislativa 2026 de CT este miércoles: 3 temas que debes observar

ARCHIVO: Los legisladores se reúnen en el Capitolio, en Hartford, para el primer día de la sesión legislativa el 8 de enero de 2025. Los legisladores estatales de Connecticut se reunirán para la sesión legislativa de 2026 el 4 de febrero en el Capitolio estatal, en Hartford.
Tyler Russell
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Connecticut Public
ARCHIVO: Los legisladores se reúnen en el Capitolio, en Hartford, para el primer día de la sesión legislativa el 8 de enero de 2025. Los legisladores estatales de Connecticut se reunirán para la sesión legislativa de 2026 el 4 de febrero en el Capitolio estatal, en Hartford.

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La asamblea legislativa estatal de Connecticut se reunirá el miércoles, 4 de febrero en el Capitolio estatal en Hartford. La sesión, que durará tres meses, buscará debatir varios temas hasta el 6 de mayo del año presente.

La legislatura discutirá ajustes al presupuesto estatal bianual, y buscará atender preocupaciones bipartitas sobre la asequibilidad y los recortes de fondos federales.

La administración del gobernador demócrata, Ned Lamont, tiene previsto revelar sus ajustes presupuestarios el miércoles, y luego pronunciará su Mensaje de situación de estado.

Lamont indicó que planifica proponer un tope al alquiler con el fin de atender la crisis de vivienda y los problemas de asequibilidad. También buscará presentar un crédito único de facturas energéticas para millones de clientes de Connecticut.

Te presentamos algunos de los temas que debes tener en cuenta durante esta próxima sesión:

Incertidumbre desde D.C.

La legislatura se reunió por última vez en sesión especial en noviembre, con el fin de aprobar un fondo de emergencia de $500 millones para subsanar los recortes federales y cambios en políticas. La semana pasada, Lamont prometió $18 millones de los fondos de emergencia, y en diciembre asignó más de $167 millones para reemplazar los subsidios vencidos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) y otros servicios sociales.

El miércoles, se espera que el Senado examine un proyecto de ley para ampliar el uso del fondo, que aún cuenta con más de $300 millones. El presidente de la Cámara, Matt Ritter (D-Hartford), mencionó la semana pasada que el texto sobre qué reducciones federales son elegibles podría cambiar respecto a lo aprobado por los legisladores en noviembre durante la sesión especial.

Algunos republicanos también han expresado frustración por lo que dicen es una falta de claridad tras los recortes de fondos de la administración Trump.

"Nunca es bueno retener dinero arbitrariamente", dijo el líder de la minoría en la Cámara, Vincent Candelora (R-North Branford), señalando los $2 mil millones en fondos federales para programas de salud mental y abuso de sustancias que fueron congelados y luego liberados el mismo día del mes pasado. Señaló que algunos de los recortes federales podrían no ser malos y deberían debatirse durante la sesión.

Creciente inseguridad alimentaria

El número de personas en Connecticut que carecen de alimentos suficientes ha aumentado año tras año. Sin embargo, los profundos recortes de la administración Trump a los programas que ayudan a combatir el hambre son un factor principal del aumento significativo de la inseguridad alimentaria entre 2024 y 2025. El otro factor es el aumento de los precios de los alimentos, según un informe reciente de la Comisión sobre Mujeres, Niños, Personas de la Tercera Edad, Equidad y Oportunidad (CWCSEO, por sus siglas en inglés).

"La situación general de la seguridad alimentaria en Connecticut ha empeorado significativamente y probablemente se agrave en los próximos años sin una intervención significativa", afirma el informe.

El proyecto federal de impuestos y gastos aprobado por el Congreso eliminó la elegibilidad federal para la asistencia nutricional de refugiados, asilados y personas en libertad condicional humanitaria, y puso fin a las exenciones de trabajo de SNAP para veteranos y personas sin hogar.

El informe señala que Connecticut tiene las tasas más altas de inseguridad alimentaria en Nueva Inglaterra y paga menos por cápita en programas de alimentos en comparación con sus estados vecinos, Massachusetts y Nueva York. La recomendación principal de CWCSEO fue que la legislatura creara un fondo generador de ingresos para ayudar a cubrir programas alimentarios, tales como el fondo especial de transporte.

Lamont destinó $24.5 millones en diciembre del fondo de emergencia a Connecticut Foodshare para la compra de suministros. Sin embargo, los activistas y algunos legisladores han indicado que el estado debe comprometer más dinero del fondo de emergencia para ayudar a personas necesitadas.

"Estamos agradecidos de que el gobernador haya considerado oportuno proporcionar más dinero a los bancos de alimentos", afirmó la representante Eleni Kavros-Degraw (D-Avon). "SNAP puede proporcionar muchas, muchas más comidas que nuestros bancos de alimentos, aunque estos hacen una labor increíble".

Intensificación de las políticas migratorias

La sesión comienza a menos de un mes de que agentes federales de inmigración dispararan fatalmente a Alex Pretti y Renee Macklin Good en Minneapolis, en medio del continuo aumento de la actividad antimigratoria de la administración Trump.

En respuesta, la semana pasada los demócratas del Senado anunciaron que presentarían un proyecto de ley que permitiría a los residentes de Connecticut demandar a funcionarios federales si consideran que se han violado los derechos constitucionales de una persona.

"Creo que es importante que la gente pueda confiar en que la Constitución de los Estados Unidos no es letra muerta. Si eso no significa algo, no sé quiénes somos ni qué es este país”, dijo el senador estatal Gary Winfield (D-New Haven), copresidente del Comité de lo Jurídico.

La ley actual permite demandar a funcionarios locales y estatales, y este proyecto idealmente cerraría esa brecha, de ser aprobado.

La legislatura también actualizó la Ley Trust durante su sesión especial de noviembre, restringiendo los arrestos de ICE cerca de los tribunales. Candelora mencionó que le gustaría ver reformas en la Ley Trust, señalando la primera versión que se aprobó por primera vez de forma bipartita en 2016.

La ley actualizada indica que las fuerzas de inmigración deben tener una orden judicial firmada para detener, arrestar o tomar a alguien bajo custodia en los tribunales de Connecticut. Las agencias públicas estatales no pueden divulgar información personal que no sea pública, como el lugar de residencia, de estudio o de trabajo de una persona.

Having grown up in southern New England, Michayla is proud to help tell stories about Connecticut as CT Public’s state government reporter. In her role, Michayla examines how state policy decisions impact people across the Nutmeg State. Since joining the content team in 2022, she’s covered topics as varied as affordability, human services, health, climate change, caregiving and education. Thoughts? Jokes? Tips? Email msavitt@ctpublic.org.

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