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Un legislador influyente busca que Connecticut explore la posibilidad de fabricar medicamentos genéricos para bajar de peso pese a que la administración del gobernador demócrata Ned Lamont ya descartó la idea.
El pasado año, Lamont promulgó un amplio proyecto de ley destinado a mejorar la asequibilidad de los medicamentos. Este requiere, en una de sus secciones, que el Departamento de Servicios Sociales (DSS) eleve una petición ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos por el acceso a medicamentos GLP-1 a un menor costo. La aprobación a nivel federal permitiría a Connecticut asociarse con un fabricante de medicamentos genéricos con el fin de reducir los costos.
Sin embargo, Cathryn Vaulman, portavoz de Lamont, informó esta semana a Connecticut Public que el estado ya no seguirá adelante con el plan. Explicó que los cambios en el mercado de GLP-1 desde que Lamont firmó la legislación fueron un factor importante en la decisión.
“La introducción de opciones de pastillas orales, acuerdos federales de precios con los fabricantes y el lanzamiento de plataformas directas al consumidor han hecho que estos medicamentos sean cada vez más asequibles para los residentes de Connecticut—lo que es el objetivo primordial de este proyecto de ley”, dijo Vaulman en una declaración escrita.
Los agonistas del receptor del péptido-1 similar al glucagón, mejor conocidos como GLP-1, por sus siglas en inglés, son medicamentos con receta utilizados para bajar de peso y para tratar la diabetes y otras afecciones médicas. Se han vuelto cada vez más populares, y pueden ser costosos.
La ley busca principalmente aliviar la carga financiera del programa Medicaid de Connecticut. Tras considerar los reembolsos, los GLP-1 costaron al estado $89.2 millones en el año fiscal 2025.
El senador estatal Matt Lesser, un demócrata que defendió la legislación, se mostró optimista de que el estado presentará la petición eventualmente.
“Esto sigue siendo una herramienta poderosa e importante para reducir los costos de los medicamentos y también es única en su clase”, expresó Lesser, quien preside el Comité de Servicios Humanos de CT. “Ningún otro estado ha afirmado este poder. Y mis conversaciones con la oficina del gobernador han dejado muy claro que la pregunta principal es sobre el tiempo, no sobre si es un sí o un no”, añadió.
La ley estatal exigía que el DSS presentara su petición en un plazo de 30 días tras la promulgación de la legislación. No obstante, no queda claro cuándo la administración de Lamont y el DSS desistieron de elevar esta petición.
En abril, Connecticut Public solicitó los registros de las comunicaciones por correo electrónico entre el DSS y otras agencias estatales relacionadas con la implementación de la ley.
En respuesta, el DSS proporcionó correos electrónicos que abarcan del 8 al 23 de julio de 2025. Estos mensajes no muestran ninguna discusión sobre retirar la petición y, por el contrario, revelan que el personal inicialmente estaba avanzando con el proyecto.
Un correo electrónico del 16 de julio de 2025 muestra que el asesor jurídico general del DSS, Matthew S. Antonetti, distribuyó un borrador de la petición a la comisionada del DSS, Andrea Barton Reeves, y a otros altos funcionarios para su revisión.
Dos días después, Claudio W. Gualtieri, asesor principal de políticas en la Oficina de Política y Gestión (OPM, por sus siglas en inglés), envió un correo electrónico al personal de otras agencias para programar una reunión en torno a la petición, entre ellos Anne Kleza, directora legislativa y de políticas en la oficina del gobernador.
“Dado lo delicadas que son las conversaciones y la colaboración necesaria entre las distintas partes interesadas, creo que Anne ya había indicado algunos pasos adicionales que deben darse antes de que pueda presentarse cualquier carta”, escribió Gualtieri. “Entre ellos una reunión con el senador Lesser, principal impulsor de la ley, y el procurar la retroalimentación de la industria y de los defensores de los consumidores.” En última instancia, el gobernador también tendrá que recibir esta información y dar su aprobación a la carta”.
Los correos del 23 de julio reflejan intercambios sobre cómo coordinar una fecha para la reunión, pero después no hay más información.
Nathan Tinker, director ejecutivo de la Asociación de Farmacéuticos de Connecticut, señaló que anticipaba que el plan tuviera obstáculos, dada la dificultad que han tenido otros estados al explorar este tipo de asociaciones en el sector farmacéutico.
“No me sorprende que Connecticut se retracte de esto, porque estoy seguro de que, si tuvieron alguna conversación con esos fabricantes originales, no estaban muy satisfechos con el plan y probablemente tampoco tenían mucha disposición para ayudar a respaldarlo”, dijo Tinker.
Según informes públicos de cabildeo, la empresa farmacéutica Novo Nordisk, fabricante de los populares medicamentos para bajar de peso Wegovy y Ozempic, gastó $95,715 entre 2025 y 2026 en labores de cabildeo sobre asuntos farmacéuticos ante la oficina del gobernador, el DSS, la OPM y otras agencias estatales. Los registros no detallan si estas actividades se centraron en los GLP-1.
Novo Nordisk se negó a comentar sobre dicha actividad de cabildeo.
Por su parte, otra farmacéutica, Eli Lilly and Co., creadora del tratamiento para la pérdida de peso Zepbound y del medicamento para la diabetes Mounjaro, gastó alrededor de $119,579 durante ese mismo periodo en labores de cabildeo sobre asuntos farmacéuticos ante las oficinas del gobernador, el vicegobernador y el contralor estatal.
Eli Lilly no respondió a solicitudes de comentarios.
La portavoz del DSS, Christine Stuart, explicó en un comunicado a Connecticut Public que, aunque la disposición tenía buenas intenciones, pretendía que la agencia abogara por una posible ampliación de la ley federal que podría ir más allá de la intención original de la ley.
“Tanto el DSS como la Oficina del Gobernador fueron transparentes sobre los desafíos y realistas sobre la probabilidad de que la petición tuviera éxito”, dijo Stuart. “DSS tenía plena conciencia de que sus recursos limitados serían indispensables para responder al cambiante y difícil entorno federal derivado de la HR 1”.
De acuerdo con Stuart, el costo y el acceso a los medicamentos necesarios, incluidos los tratamientos de GLP-1, continúan siendo asuntos relevantes para el DSS.
Añadió que la agencia explorará otras alternativas para hacer que los medicamentos sean más accesibles para los miembros del programa Medicaid de Connecticut.
