El audio de arriba está en inglés.
Cuando las autoridades federales de inmigración buscaban a un hombre acusado de conducir en estado de ebriedad en Connecticut el año pasado, solicitaron ayuda a los departamentos de policía locales.
La policía de Meriden presentó cargos contra el hombre por conducir un vehículo de motor de manera ilegal bajo los efectos del alcohol y por otras infracciones de tránsito, luego de que este chocara por detrás a una minivan el 18 de octubre de 2025.
Casi un mes después, la división de récords del Departamento de Policía de Meriden recibió un correo electrónico de un agente de control y deportación que trabajaba en Hartford.
“El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional está llevando a cabo una investigación preliminar relacionada con la siguiente persona”, escribió el agente de ICE. En el correo electrónico se solicitó una serie de datos sobre el hombre, incluida una copia de su foto policial.
No fue la única solicitud de este tipo. Los récords a los que Connecticut Public tuvo acceso muestran que los departamentos de policía locales han recibido una gran cantidad de solicitudes de información sobre personas sujetas a medidas de control migratorio, mientras el gobierno federal ejerce presión para ampliar drásticamente la escala de sus operaciones de deportación.
A las personas afectadas se les formularon cargos por una variedad de delitos, desde delitos graves —incluido el homicidio por negligencia— hasta robos en tiendas y otras infracciones menores. En algunos casos, los cargos ya se habían retirado cuando ICE se comunicó con los departamentos para solicitar información.
Los récords, que datan de enero de 2025 en adelante, muestran que ICE estuvo en contacto frecuente con las agencias policiales locales, a pesar de los esfuerzos de funcionarios estatales por limitar la colaboración de la policía con las autoridades federales de inmigración.
Algunos defensores de los derechos de los inmigrantes consideran que estas comunicaciones también desacreditan los esfuerzos por fomentar la confianza entre las autoridades y la comunidad y ponen de relieve las limitaciones de la Ley de Confianza (Trust Act) de Connecticut, que impone restricciones a la coordinación entre la policía y ICE.
“Es evidente que se están inventando formas innovadoras de ir tras los inmigrantes”, declaró Gus Marks-Hamilton, gerente de organización y defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) de Connecticut.
Marks-Hamilton manifestó consternación, aunque no sorpresa, ante las tácticas del gobierno federal.
“Claramente, la administración de Trump ha dado rienda suelta a ICE de formas nunca antes vistas, formas que son sumamente preocupantes [y] obviamente muy aterradoras para los inmigrantes y sus comunidades en Connecticut”, afirmó.
Los récords muestran que, en algunos casos, los departamentos de policía proporcionaron la información a los representantes de ICE con rapidez, a veces en cuestión de minutos. Ante las preguntas formuladas, varios departamentos indicaron que estaban obligados a facilitar dicha información, que está sujeta a divulgación pública conforme a la ley estatal.
Quienes apoyan esta medida sostienen que este tipo de coordinación estrecha es imprescindible para hacer cumplir las leyes migratorias del país.
Ben Proto, presidente del Partido Republicano de Connecticut, afirmó que los récords también muestran la forma en que la Ley de Confianza ha complicado la labor de la policía local al exigirles que evalúen su posición legal al recibir solicitudes de sus contrapartes federales.
“Se les ha adiestrado para saber cómo interactuar con otras fuerzas de orden público, y ahora se les está diciendo que ignoren todo ese adiestramiento y hagan algo totalmente distinto”, dijo Proto.
Agregó que, en su opinión, las agencias policiales siempre deberían apoyarse mutuamente.
“Si la persona que cometió el delito es un ciudadano, un inmigrante que está aquí legalmente o un inmigrante que está aquí de forma ilegal, la policía debe investigar el caso y hacer los arrestos correspondientes”, señaló.
Comunicaciones de la policía con ICE
Connecticut Public envió solicitudes en virtud de la Ley de Libertad de Información de Connecticut (FOIA, por sus siglas en inglés) a más de una docena de departamentos de policía locales, en las que pedía información sobre cualquier comunicación con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., así como con cualquiera de sus agencias subordinadas, desde el 1 de enero de 2025.
Nueve de ellos presentaron documentos que demostraban haber tenido contacto con agentes federales de inmigración. En esas comunicaciones, por lo general se solicitaban copias de informes de arresto y fotos policiales de personas que habían sido detenidas por la policía anteriormente.
El personal de ICE envió la mayoría de las solicitudes por correo electrónico, aunque algunas llegaron por fax. Algunas se presentaron como solicitudes en virtud de la FOIA, aunque muchas no hacían referencia explícita a dicha ley, que garantiza el acceso público a los expedientes gubernamentales.
La policía de New Britain, por sí sola, recibió más de 20 solicitudes, la mayoría correspondientes al año 2025.
En la mayoría de los casos, los agentes de ICE proporcionaron las fechas de nacimiento y los números de extranjero de las personas de interés. El número de extranjero se le asigna a las personas que no son ciudadanos estadounidenses y que han iniciado un proceso de inmigración.
Las solicitudes se presentaron en mayor medida después de que la policía local presentara cargos contra la persona, aunque el tiempo transcurrido entre el arresto y el momento en que ICE solicitó los documentos fue variable.
En el caso con mayor diferencia de tiempo, un agente de control y deportación de DHS y ICE envió un correo electrónico a la división de récords del departamento solicitando información sobre una persona a quien, según indicaron, se le habían formulado cargos hace casi 13 años.
En el caso más inmediato, un especialista de apoyo a misiones en la oficina de campo de ICE en Boston solicitó información sobre una persona un día después de que se le formularan cargos.
Las personas investigadas estaban entre mediados de los 20 y mediados de los 40 años de edad.
El jefe de policía de New Britain, Matthew Marino, afirmó en un correo electrónico que la información provista por su departamento estaba legalmente sujeta a divulgación.
“No se proporcionó ninguna información exenta de divulgación o de otro modo protegida por la ley”, escribió Marino. “El Departamento de Policía de New Britain está en pleno cumplimiento de la Ley de Confianza de Connecticut y no coordina sus operaciones policiales con ICE”.
La policía de Danbury también recibió numerosas solicitudes de ICE en busca de informes y fotos policiales y facilitó la mayor parte de la información.
En un caso, un miembro de personal identificado como asesor jurídico adjunto de ICE envió un correo electrónico a la división de récords del departamento en relación con una persona que había sido arrestada por dos delitos menores, los cuales habían ocurrido aproximadamente tres meses antes.
En menos de 24 horas, el departamento proporcionó un informe del incidente.
“Buenos días, remito el archivo adjunto”, respondió un oficinista de la división de récords del departamento.
El departamento no respondió a solicitudes de comentarios.
Información que comparten los departamentos de policía
Las comunicaciones entre la policía local y las agencias federales de inmigración no están necesariamente prohibidas por la ley estatal. La FOIA garantiza el acceso público a los registros que mantienen los organismos gubernamentales, como los informes de arresto y las fotografías policiales.
Sin embargo, un experto afirma que deben tenerse en cuenta otros factores.
“Es un detalle muy técnico”, señaló Mike Lawlor, que solía trabajar en la legislatura estatal hace más de una década, cuando se adoptó inicialmente la Ley de Confianza.
Esta ley prohíbe que la policía local dedique tiempo y recursos a cooperar con las autoridades federales de inmigración en lo que respecta al estado de custodia o puesta en libertad de una persona, salvo en algunas excepciones.
“Supongo que, si eres una agencia policial, podrías decir, ‘Bueno, pero es información pública. Podemos divulgarla si queremos, ¿no?’”, dijo Lawlor, quien actualmente es profesor asociado de justicia penal en la Universidad de New Haven.
"Sin embargo, si están tratando a ICE de forma distinta a como tratarían a un periodista o a un ciudadano común que solicita la misma información, creo que en ese caso están yendo más allá de lo que exige el deber, y eso constituiría —sin duda— una violación del espíritu de la Ley de Confianza”, afirmó Lawlor.
Para ofrecer una mayor transparencia sobre las interacciones de la policía con ICE, el estado de Connecticut exige a los departamentos que documenten algunas de estas interacciones en una base de datos pública, aunque los criterios sobre qué información debe incluirse varían de un departamento a otro. Las solicitudes de récords de arresto no suelen estar incluidas.
Los registros indican que, en 2025, el Departamento de Policía de Milford compartió con agentes de ICE los informes de arresto y las fotos policiales de cinco personas que habían sido arrestadas por conducir en estado de embriaguez.
Ese año, el departamento documentó tres contactos en la base de datos de ICE, que sirve principalmente para llevar un registro de si los departamentos dieron acceso a personas detenidas. Los registros muestran que la policía de Milford no proporcionó acceso a nadie durante ese período.
No está claro qué tipo de interacciones tuvo el departamento con ICE, aunque en un correo electrónico, Keith L. Mello, jefe de policía de Milford, afirmó que el departamento no documenta las solicitudes de récords porque esa información debe divulgarse, con las omisiones permitidas.
“A nuestro entender, ninguna de las comunicaciones o interacciones entre nuestro personal y ICE constituyó una violación de la Ley de Confianza de CT, por lo que no se reportaron … en el portal proporcionado”, escribió Mello.
La policía de Branford también recibió solicitudes de informes de arresto y fotografías policiales, algunas de las cuales fueron satisfechas. El jefe adjunto de policía John Alves afirmó que los récords se entregaron de conformidad con la FOIA y las leyes estatales.
La base de datos pública muestra que algunas agencias en Connecticut sí concedieron acceso a ICE a personas detenidas en 2025, incluido el Departamento de Policía de Farmington.
El teniente Matthew S. Corcoran, de la policía de Farmington, indicó que el departamento recibió por fax una orden de detención migratoria enviada por el DHS en relación a una persona que tenía órdenes de arresto activas vinculadas a una serie de intentos de robo en residencias de la zona. La persona también estaba en una lista de vigilancia de seguridad nacional, uno de los criterios que le permite a la policía coordinar esfuerzos con ICE.
“Por lo tanto, y en cumplimiento con la Ley de Confianza, la agencia llenó el formulario y lo devolvió, notificándoles sobre el arresto”, dijo Corcoran.
Por otra parte, el Departamento de Policía de Orange informó a ICE que una persona en su custodia sería trasladada a un tribunal al recibir un fax y una llamada telefónica preguntando si la persona se encontraba detenida. En un correo electrónico, Christina DeRubeis, portavoz del departamento, afirmó que la comunicación estaba permitida en el marco de la Ley de Confianza, y el departamento rechazó una solicitud para dar más detalles.
El Departamento de Policía de Wallingford informó que, tan solo en 2026, recibió 18 solicitudes de ICE, que incluían peticiones de informes de arresto y fotos policiales.
El teniente Stephen Jaques, portavoz de la policía, indicó que las comunicaciones fueron tratadas como solicitudes en virtud de la FOIA.
“El Departamento de Policía de Wallingford valora a sus inmigrantes y refugiados; son nuestros vecinos, familiares y amigos”, declaró Jaques. “Aunque el estado de Connecticut tiene soberanía, no puede ni tiene el poder de limitar las acciones de los agentes federales de inmigración”.
El departamento también cumplió con una orden de detención migratoria civil, según la base de datos de accesos de ICE.
“La Ley de Confianza ha cambiado de varias maneras nuestra forma de interactuar con ICE/DHS, lo cual está claramente establecido en la propia ley”, dijo Jaques.
Rol de la Ley de Confianza
La Ley de Confianza de Connecticut se aprobó por primera vez en 2013 y se reforzó en 2019 y, nuevamente, en 2025 para añadir más protecciones.
Lawlor, quien es experto en justicia penal, afirmó que uno de los objetivos de la ley es evitar que los inmigrantes le tengan miedo a la policía local.
“Queríamos dejar claro a la gente que la policía estatal y local aquí en Connecticut no es una extensión de la policía de inmigración”, explicó Lawlor. “Nuestra policía local está ahí para protegernos a todos”.
La ley prohíbe que los departamentos de policía dediquen tiempo, fondos u otros recursos a comunicarse con las autoridades federales de inmigración en lo que respecta al estado de custodia o puesta en libertad de una persona sujeta a una orden de detención civil.
Una actualización a la Ley de Confianza añadió más excepciones que permiten que las fuerzas policiales cumplan con estas solicitudes, como en casos que involucran delitos graves, incluidos ciertos delitos sexuales, secuestro y violencia doméstica.
Asimismo, la policía local puede cooperar con ICE si existe una coincidencia con las listas antiterroristas o una orden judicial firmada.
Un portavoz de DHS indicó, por correo electrónico, que su colaboración con las autoridades policiales es “fundamental para contar con los recursos necesarios para detener a extranjeros ilegales con antecedentes penales en todo el país”.
Según el portavoz, la agencia ha redoblado sus esfuerzos con las fuerzas policiales locales para asistir a sus agentes federales de inmigración.
“Cuando los políticos prohíben que las autoridades locales colaboren con DHS, nuestros agentes del orden público deben tener una presencia más visible para poder ubicar y detener a los delincuentes que salen de las cárceles y regresan a las comunidades”, dijo el portavoz.
La Oficina de Política y Gestión del estado supervisa la administración de la base de datos de acceso de ICE, pero no impone los requisitos de presentación de informes.
Esa es una de las debilidades de la Ley de Confianza, según Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de Connecticut Students for a Dream.
“No hay ningún organismo dentro del gobierno que esté investigando todas las violaciones, ¿verdad? Y tampoco hay realmente ningún organismo que garantice el cumplimiento de estas nuevas leyes. Me parece que es un gran problema”, dijo Sookdeo.
Algunos registros no se divulgaron
Algunas agencias policiales también ofrecen muy poca transparencia sobre sus interacciones con ICE. La policía de Bridgeport no respondió a una solicitud en virtud de la FOIA presentada en noviembre de 2025.
Los departamentos policiales de cuatro comunidades —Fairfield, New Haven, Shelton y Waterbury— declararon que no tenían registros al respecto.
El Departamento de Policía de Stamford indicó que tenía récords, pero que no los divulgaría debido a que hay un proceso judicial en curso, y otros récords de arresto están sellados.
“El Fiscal del Estado ha informado a la Ciudad que, en su opinión, la divulgación de los récords de casos pendientes perjudica el proceso judicial tras los arrestos”, escribió Burt Rosenberg, asesor jurídico adjunto de la ciudad. “Esto incluye la correspondencia enviada y recibida por las autoridades federales de control migratorio en la medida en que dichos documentos contengan información sobre los arrestos”.
