Con el inicio de la sesión legislativa programado para principios de febrero, los defensores de la vivienda asequible están comenzado a presentar sus prioridades políticas.
El grupo defensor de políticas de la vivienda Partnership for Strong Communities tiene como prioridad el fortalecimiento de los programas actuales, según informó Alysha Gardner, analista principal de políticas de dicha organización.
"Nuestro enfoque en los programas vigentes no busca alterar su esencia, sino potenciarlos, porque sabemos que funcionan", dijo Gardner. "Simplemente requieren una mayor inversión para poder beneficiar al mayor número de personas posible".
Algunos de sus objetivos incluyen la expansión del Programa de Asistencia de Inquilinos (RAP, por sus siglas en inglés), que es la versión estatal de los vales de vivienda de la Sección 8, según indicó Gardner. Asimismo, Partnership busca reforzar las protecciones de la ley estatal de vivienda asequible, conocida como la Sección 8-30g.
Partnership emitió un comunicado que detalla sus objetivos de vivienda y en el que se indicaba en parte lo siguiente: “Al avanzar en las reformas de zonificación y planificación, y al preservar la 8-30g, podemos construir comunidades más inclusivas y garantizar que personas de todos los ingresos tengan acceso a viviendas asequibles".
En Connecticut, las comunidades que superan el 10% de viviendas asequibles pueden denegar solicitudes para construir nuevos complejos de vivienda. En contraste, las comunidades por debajo de dicho umbral no pueden rechazar proyectos que incorporen opciones asequibles, aunque pueden apelar por la intervención del gobierno estatal.
El Procedimiento de Apelaciones sobre el Uso del Suelo para Viviendas Asequibles fue promulgado en 1989 como una forma de facilitar la construcción de viviendas asequibles, especialmente en comunidades que no contaban con una gran oferta de unidades asequibles.
Mientras los defensores de la vivienda afirman que la ley garantiza que las comunidades incluyan vivienda asequible, los que están en contra del proyecto argumentan que es demasiado restrictivo y que limita la autoridad de los líderes del gobierno local para gestionar la creación de viviendas en su comunidad.
Los defensores también exigen una mayor transparencia por parte del Estado en cuanto al uso y la asignación de los fondos destinados a la creación de vivienda asequible.
"Más que solicitar un aumento constante en los fondos para fianzas, nuestra prioridad actual es dirigir ese dinero más hacia la creación de unidades muy asequibles", afirmó Gardner.
El regreso de la causa justa
Este año, la Unión de Inquilinos de Connecticut (CTTU, por sus siglas en inglés) retoma su lucha por la ampliación de la ley estatal de desalojos por "causa justa".
La ley actual de Desalojo por Causa Justa protege a los residentes mayores de 62 años o con discapacidades, impidiendo que sean desalojados sin una causa justificada, como el impago del alquiler o el incumplimiento de las cláusulas del contrato de arrendamiento.
Según las ampliaciones propuestas previamente, todos los inquilinos que hayan residido durante al menos un año en edificios de cinco o más unidades estarían protegidos contra desalojos sin causa.
"Los propietarios no deberían tener el poder de desarraigar nuestras vidas", escribió CTTU en una petición de campaña. "En este momento, en Connecticut, los propietarios pueden utilizar desalojos por 'lapso de tiempo' y 'sin culpa' para expulsar a la mayoría de los inquilinos de sus hogares. Muchos de estos desalojos 'sin culpa' se deben a la discriminación o represalias contra los inquilinos que hablan de los problemas".
Cambios a nivel federal
Connecticut Voices for Children es un grupo de defensa que apoya políticas destinadas a mejorar el bienestar infantil en todo el estado. Recientemente, el grupo recomendó cambios de política que compensarían los cambios federales.
Los recortes en la financiación federal y en los programas de servicios sociales resultarán en recortes de casi $500 millones para Connecticut durante el año fiscal actual, señaló Patrick O’Brien, director de investigación y políticas de Connecticut Voices for Children.
"Al centrarse tanto en sacar a las personas de la pobreza como en reducir los gastos que las empujan a ella, los beneficios públicos más importantes incluyen el Seguro Social, Medicaid y Medicare, el impuesto federal sobre la renta, incluyendo los créditos fiscales reembolsables, la asistencia alimentaria de SNAP y la asistencia para la vivienda", dijo O'Brien.
Voices for Children recomienda formas en que el estado puede contrarrestar las reducciones fiscales otorgadas a los residentes más ricos del país y compensar la falta de financiación para los servicios sociales.
