Líderes, expertos legales y organizadores comunitarios de Connecticut comparten sus opiniones sobre el debate nacional en torno al caso sobre la ciudadanía por nacimiento, en tanto la Corte Suprema celebra la sesión de argumentos el miércoles.
Aunque no se espera que los magistrados tomen una decisión sobre el caso durante al menos varios meses, el posible resultado ya está generando incertidumbre en un grupo proinmigrante liderado por jóvenes en Connecticut.
Connecticut Students for a Dream, grupo que aboga por los residentes que llegaron a los EE. UU. de niños, representa a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y a muchos otros que podrían verse afectados por la decisión.
La directora Tabitha Sookdeo señaló que la Corte podría generar incertidumbre sobre el futuro de los miembros de este grupo, incluidos los estudiantes universitarios que aspiran a formar una familia o aquellos cuyos futuros hermanos podrían nacer en los Estados Unidos.
“Creo que habría muchas interrogantes en torno a ‘cómo se implementaría algo así’”, dijo Sookdeo. "Nacer en los Estados Unidos, crecer y solo conocer la vida en este país. Uno podría hasta considerarse estadounidense desde el punto de vista cultural... Es simplemente confuso”.
La confusión se extendería a los hospitales, las escuelas y la seguridad pública, afirmó Sookdeo, lo que terminaría creando caos en una nación que ya está viviendo una represión contra la inmigración.
“¿Por qué crearías una población indocumentada aún mayor?”, cuestionó Sookdeo. “Simplemente no tiene sentido”.
Connecticut Public se puso en contacto con grupos republicanos en Connecticut para solicitar comentarios, entre ellos el Partido Republicano y senadores de CT, pero no se recibió respuesta antes de la publicación de este artículo.
De cara a un futuro incierto
No saber lo que depara el futuro es algo que Wendy Cardenas no quiere para los niños nacidos en los Estados Unidos. Cardenas es la directora ejecutiva de Make the Road Connecticut, una organización de derechos civiles para comunidades de inmigrantes y de clase trabajadora.
“Como inmigrante de Perú y beneficiaria de DACA, sé de primera mano lo que significa crecer con incertidumbre sobre tu futuro, y me niego a aceptar un sistema en el que incluso los niños nacidos aquí se vean obligados a preguntarse si tienen un lugar al que pertenecen”, afirmó Cardenas. “Cada niño merece dignidad, estabilidad y todos los derechos que este país promete”.
Carolina Bortolleto, miembro de Danbury Unites for Immigrants, afirmó que el caso va más allá del impacto en los niños. Según ella, se trata realmente de si el presidente puede o no reescribir la Constitución mediante una orden ejecutiva.
“Si el presidente puede decidir quién es ciudadano, si el gobierno puede decidir quién realmente forma parte de este país”, dijo Bortolleto, “no va a parar solo con los que son hijos de inmigrantes".
Bortolleto dijo que los residentes inmigrantes de Connecticut deben tener en cuenta que la orden ejecutiva ha sido cuestionada desde el principio, así que hasta que los jueces de la Corte Suprema no tomen una decisión, la ciudadanía por nacimiento sigue estando consagrada en la constitución.
“Va a ser una larga lucha para quitarnos [la ciudadanía por nacimiento]”, dijo Bortolleto.
El punto de vista legal
Los intentos de la administración Trump de ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento no tienen sentido a los ojos de Glenn Formica, abogado de inmigración en Connecticut y director legal de American Immigrant Law Clinic.
“El concepto de tener generaciones de indocumentados en este país es ridículo”, dijo Formica. "Es inconcebible".
Formica expresó que los hijos de inmigrantes indocumentados y las personas que están aquí con visas temporales contribuyen a la fuerza laboral, a la economía y a la diversidad cultural del país. Añadió, además, que no puede imaginar cómo sería el país sin esas ciudadanías, lo que hace que este caso sea uno particularmente importante al que la gente debe prestarle atención.
“Siempre que tienes una decisión ante la Corte Suprema que podría cambiar fundamentalmente los derechos de una gran mayoría de ciudadanos, esas son las decisiones a las que deberías prestarles más atención por encima de todas las demás”, dijo Formica. “No puedo pensar en una decisión que sea más importante en este momento”.
El Secretario de Justicia estatal, William Tong, secundó esa opinión y afirmó que la orden ejecutiva del presidente es un “intento ilegal de reescribir la Constitución”.
“La orden ejecutiva del presidente que redefine la ciudadanía por nacimiento viola nuestra Constitución, las leyes federales y la normativa que rige nuestra nación desde hace más de 150 años”, dijo Tong en una declaración conjunta con otros 23 fiscales generales.
“Estamos orgullosos de haber liderado la lucha contra esta orden ilegal y estamos agradecidos por las medidas cautelares que obtuvimos y que impidieron que esta acción entrara en vigor”, afirmaron los fiscales generales. "Tenemos la esperanza de que la Corte Suprema de los EE. UU. estará de acuerdo con los jueces que han examinado esta orden ejecutiva sobre el fondo del asunto y dictaminará que esta viola este derecho constitucional fundamental".
Kica Matos, residente de Connecticut y presidenta del National Immigration Law Center, dijo que los argumentos presentados en la corte el miércoles no tenían precedentes.
“Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un presidente en funciones se presentó físicamente a la sala de la Corte Suprema mientras su administración pedía a los magistrados que revocaran más de 150 años de derecho constitucional”, dijo Matos en una declaración escrita. “Debemos interpretar esto por lo que es: una advertencia a la Corte Suprema y un sello distintivo de intimidación autoritaria”.
Matos señaló que ponerle fin a la ciudadanía por nacimiento crearía una clase marginada permanente de personas nacidas y criadas en comunidades estadounidenses a quienes se les negarán sus derechos como ciudadanos.
“Esperamos que la Corte Suprema haga lo que ya han hecho todos los tribunales inferiores: rechazar esta apropiación de poder sin precedentes, reafirmar que la 14.ª Enmienda es clara en lo que establece y recordarle a esta administración que la Constitución no puede ser anulada con una firma el día de la investidura”, dijo.
Varios profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de Yale también se han manifestado abiertamente sobre la orden ejecutiva, centrándose en la legalidad de su uso para cambiar la interpretación de la 14ª Enmienda.
El profesor de derecho de Yale, Jed Rubenfeld, quien apoya eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, dijo que “es probable que la corte determine que promulgar esa política como ley requeriría una enmienda constitucional, no una orden ejecutiva”.
