El audio de arriba está en inglés.
La residente de tercer año en Yale New Haven Health, Teresa Elmore, recuerda haber conocido a una madre que acudió a su clínica llorando con su recién nacido, preocupada por dificultades financieras.
Según Elmore, la madre contaba con acceso limitado a recursos debido a su estatus migratorio.
“Llegó al punto en que uno de mis supervisores dijo: ‘Bueno, tal vez deberías sugerirle que simplemente entre a una iglesia y pida ayuda así’”, comentó Elmore. “Eso no debería ser así en Connecticut”.
Pacientes como la de Elmore la motivaron a firmar una carta conjunta solicitando a los legisladores de Connecticut que garanticen soluciones de cobertura de atención médica para todos los residentes, sin importar su estatus migratorio. Más de 500 proveedores y 30 organizaciones de atención médica firmaron la carta preparada por la coalición liderada por inmigrantes, HUSKY 4 Immigrants. El martes, los miembros de la coalición y personal de salud entregaron personalmente la carta a varias oficinas de líderes estatales en el Capitolio estatal.
Actualmente, los programas de atención médica administrados por el estado de Connecticut cubren a residentes de 15 años o menos, independientemente de su estatus migratorio. No obstante, legisladores republicanos en Washington han impulsado políticas, como las contenidas en el proyecto H.R. 1, que conllevan recortes de fondos federales y ponen en riesgo dicha cobertura médica.
Los republicanos estatales han manifestado su preocupación ante la iniciativa de Connecticut de financiar programas administrados por el estado, como HUSKY Health, los cuales otorgan cobertura a residentes indocumentados de 15 años o menos.
Los líderes republicanos Vincent Candelora y Stephen Harding han condenado estas propuestas de financiación, afirmando que los legisladores deben ser honestos con los residentes legales sobre los costos. Sostienen que esto representa un intento de los demócratas por “financiar su agenda progresista”.
Es por esto que la Dra. Leonela Villegas, nefróloga pediátrica en Hartford, afirmó que los proveedores de atención médica como ella quieren que los legisladores mantengan las protecciones vigentes, tales como la financiación de atención médica para residentes indocumentados de hasta quince años de edad.
“También para asegurarnos de que estamos incluyendo a todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de su estatus migratorio, en las soluciones que están creando para estos problemas de cobertura médica que tenemos en este momento”, dijo Villegas.
Tres proyectos de ley en el centro de atención
La directora de HUSKY 4 Immigrants, Katherine Villeda, señaló que el objetivo de la carta es claro: “Apoyamos estas políticas y queremos que se lleven a cabo. La forma correcta de lograrlo es garantizar que todos los residentes de Connecticut, independientemente de su estatus migratorio, se beneficien de ellas si son aprobadas”.
Uno de los proyectos de ley, S.B. 3, propone la creación de un fondo fiduciario de atención médica asequible, diseñado para mitigar el impacto de los recortes federales de subsidios para primas de salud.
El proyecto de ley estipula que, ante la promulgación de cualquier regulación federal que afecte considerablemente los niveles de financiamiento, la inscripción o los criterios de elegibilidad del programa HUSKY Health, el secretario de la Oficina de Política y Gestión deberá emitir una notificación por escrito junto con recomendaciones para garantizar que las personas elegibles mantengan su acceso.
Sin embargo, el proyecto de ley no incluye lenguaje específico sobre si este fondo fiduciario facilitaría el acceso a una atención médica asequible para quienes no son elegibles debido a su estatus migratorio, que es precisamente lo que los defensores solicitan que los legisladores incorporen.
Otro proyecto de ley, S.B. 401, establecería un Programa Puente financiado por el estado para brindar beneficios de salud, alimentación y vivienda a aquellas personas en riesgo de perder estos recursos de asistencia a nivel federal.
Actualmente, el proyecto de ley define como “personas vulnerables” a los veteranos, personas sin hogar o en riesgo de estarlo, adultos con diagnóstico de autismo, jóvenes que salen del sistema de cuidado sustituto (foster care) y adultos de mediana edad en riesgo de perder dichos recursos.
La carta enfatiza en cursiva que el programa puente “debe incluir a todos los residentes en riesgo”, mencionando específicamente a asilados, refugiados, titulares de diversos tipos de visa y otras personas que han quedado excluidas de la cobertura únicamente por su estatus migratorio.
Villeda señaló que estas medidas legislativas merecen apoyo, pero sostuvo que el gobernador Ned Lamont tiene la capacidad de fortalecerlas aún más.
“Está haciendo un gran trabajo, pero necesita un impulso para ser realmente más considerado con toda la población”, afirmó Villeda.
Los proveedores de la salud también expresaron su apoyo al S.B. 91 en la carta.
El proyecto de ley establecería áreas protegidas donde se prohibiría la aplicación de la ley federal de inmigración, incluyendo escuelas, hospitales y lugares de culto. Esta medida surge tras la revocación de una orientación federal similar por parte de la administración Trump.
Saif Benjamin Huaracha Cespedes, integrante de Make the Road Connecticut, promueve la equidad en la salud desde sus 19 años. Afirmó que es fundamental que más jóvenes impulsen el acceso a la atención médica para todos.
“Son los adultos quienes enfrentan la urgencia crítica de acudir a la sala de emergencias; necesitamos detener o prevenir eso, y el cambio comienza con la juventud”, dijo Huaracha Cespedes. “Forjar el futuro no es solo tarea de nuestros padres, sino también nuestra”.
