Cuando las autoridades federales asumen el control de un caso en el que un agente federal ha hecho uso de la fuerza letal, surge la pregunta de cómo —o si— un estado puede llevar a cabo su propia investigación. Esa situación es la que se desarrolla ahora en Minnesota, tras el tiroteo que provocó la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha suscitado que se examine meticulosamente el balance de la autoridad investigativa entre la jurisdicción estatal y la federal.
Soberanía estatal e investigaciones paralelas
La ley del estado de Connecticut, al igual que la de la mayoría de los estados, reconoce que los estados son entidades soberanas capaces de llevar a cabo investigaciones penales de forma independiente a la acción federal. "En realidad, no existe tal cosa como presentar la acusación en primer o en segundo lugar", afirmó Mike Lawlor, profesor asociado de justicia penal en la Universidad de New Haven y exlegislador estatal. "Cada estado es soberano por derecho propio y, por lo tanto, puede elegir proceder con una investigación y, potencialmente, con un arresto, y los federales pueden hacer lo mismo".
Señaló que, si bien las agencias federales pueden dificultar el proceso para un estado —por ejemplo, al controlar el acceso a las pruebas—, legalmente no pueden impedir que una investigación estatal continúe bajo sus propios términos.
Ley del Inspector General de Connecticut
El estatuto del inspector general de Connecticut, promulgado en 2020 tras el asesinato de George Floyd, encomienda específicamente al inspector general la investigación de todas las muertes relacionadas con las autoridades del orden público dentro del estado. Ese mandato se extiende a los funcionarios federales que hacen cumplir ciertas leyes federales. "Nuestro inspector general no solo tiene la autoridad, sino que también tiene la obligación de investigar toda muerte relacionada con las autoridades del orden público, lo que incluye a funcionarios estatales y también federales", afirmó Lawlor, informando, además, que el estatuto cubre explícitamente a los alguaciles de EE. UU.y a otros agentes federales encargados de hacer cumplir las leyes antidroga, lo que podría incluir a funcionarios de Seguridad Nacional.
Añadió: "Que él consiga concluirlo con éxito es otra cuestión, si se lo están obstaculizando los federales. Pero el tiempo lo dirá".
Normas de uso de la fuerza en Connecticut
Lawlor afirmó que las recientes actualizaciones a las directrices de Connecticut sobre el uso de la fuerza prepararían el terreno para una revisión más estricta de las decisiones de un agente en una situación en la que se produce un tiroteo. Señaló los cambios realizados tras un incidente ocurrido en 2019 en Wethersfield, en el que una parada de tráfico rutinaria terminó en un tiroteo fatal. Tras ese suceso, se aclaró la ley estatal para restringir que los agentes del orden público disparen a vehículos en movimiento, salvo en circunstancias muy limitadas, y se prohibió explícitamente que los agentes se posicionen delante de un vehículo en marcha.
"En parte debido a ese incidente ... la política sobre el uso de fuerza letal contra vehículos motorizados se cambió", dijo Lawlor. "Si se hiciera eso hoy... estoy bastante seguro de que ese agente sería acusado de uno de los varios delitos de homicidio".
Protestas en Hartford no motivarían investigación estatal
Las protestas que se llevaron a cabo en Hartford el fin de semana pasado a raíz del tiroteo de Minnesota, durante las cuales, según se informó, se utilizó gas pimienta y un vehículo federal hizo contacto con la multitud, están siendo investigadas por el Departamento de la Policía de Hartford. Lawlor dijo que no esperaba que el gobierno estatal de Connecticut iniciara su propia investigación sobre ese suceso.
"Sé que... su departamento de policía lo está investigando. Pero me parece afortunado que nadie haya resultado gravemente herido", expresó.
Lawlor también advirtió contra la interferencia ilegal con agentes federales.
"Es importante que la gente entienda que interferir con cualquier agente federal en el cumplimiento de su deber es un delito federal", afirmó. "Hay muchas formas de protestar pacíficamente sin interferir directamente con ellos".
